La construcción, sin lugar a dudas, ha sido uno de los principales motores del crecimiento rosarino, dando trabajo directa e indirectamente a miles de personas. Por eso, no sin asombro, leemos en La Capital del 8 de julio una nota acerca de las regulaciones que el sector sufre y como algunos desean intensificarlas. La raíz de la cuestión la hallamos en la compra para demolición (y nueva edificación sobre éstas) de propiedades antiguas ubicadas en nuestra ciudad. Ellas, dicen los partidarios de la regulación, presentan características arquitectónicas e integran un macroambiente citadino que las harían dignas de permanencia.
Leemos en la nota referida que desde el Colegio de Arquitectos se pide la sanción de una legislación que proteja los inmuebles de “valor arquitectónico” garantizando la potestad del municipio sobre el patrimonio urbano. Incluso, su presidente plantea a modo de pregunta si se le puede exigir a la municipalidad que compre todas las casonas sobre Bv. Oroño. Por su parte, desde la Facultad de Arquitectura (UNR) desean que se reduzca el índice de edificación en los “sistemas históricos”. Finalmente, quien maneja la campaña televisiva Rosario, patrimonio de todos opina que “es nefasto ver una cadena de derrumbes que no tiene fin” ante la inacción del estado y la sociedad, y propone incentivos impositivos y de restauración para detener el fenómeno.
Pese a respetar a sus propulsores, no comparto para nada ni el enfoque ni las soluciones planteadas. Por empezar, llevadas a la práctica, éstas ideas lesionan gravemente la propiedad privada. Rosario será de todos… pero los inmuebles son de sus propietarios. Que los dueños de una casona de Bv. Oroño deban rendir cuentas ante el Programa de Preservación por querer realizar algunas reformas o demoler su casa no parece una muestra de respeto por la propiedad ni el mejor incentivo para la inversión inmobiliaria. Debemos comprender que son falaces las acusaciones del tipo “se está amenazando el patrimonio urbano”. Tal patrimonio urbano, que sería de todos,no existe. ¿Cómo podría formar parte de mi patrimonio algo de lo que no dispongo, de lo que no me hago cargo, por lo que no respondo y por lo que no pago los impuestos? Porque hasta donde yo sé, la vecindad no genera derecho de propiedad sobre los bienes raíces. Por supuesto que deben existir ciertas limitaciones mínimas. Nadie permitiría demoler una propiedad en el Paseo del Siglo para instalar allí una fábrica de armas químicas. Pero impedir que un propietario ejerza su derecho esgrimiendo criterios estéticos y supuestos valores arquitectónicos no parece razonable ni tampoco coherente con la institución de la propiedad.
Ocurre que la fuerza de este tipo de argumentos estriba en varios equívocos: a) los afectados por los mismos parecen ser unos pocos propietarios; b) aparentan beneficiar a todos los ciudadanos y defender su “patrimonio común” y; c) nadie cree que tendrá que poner dinero propio para llevar adelante las regulaciones. Desafortunadamente limitaciones así traban la inversión inmobiliaria, perjudicando al crecimiento económico y a la creación de empleo, deprecian las propiedades al castigar a su legítimo propietario con un caprichoso condómino estatal de facto, se basan en un patrimonio común que no existe, y generan (mal)gastos de dineros públicos en la compra o reciclado de bienes considerados por algún comisario arquitectónico como “valiosos”.
Sin embargo, existen muchas posibilidades respetuosas de los derechos ajenos para estos casos. Una de ellas podría ser que aquellos a quienes se engloba con el erróneamente llamado patrimonio de todos revelen claramente su preferencia por la externalidad positiva que generan, por caso, las magníficas casas de calle Oroño, formando una Asociación de Amigos del Boulevard. Dicha institución podría, mediante la recepción de contribuciones voluntarias de particulares, dedicarse a la compra y a la administración de las propiedades a las que estiman susceptibles de ser preservadas. Así, se evitaría la coerción estatal, con todos los efectos nocivos sobre el crecimiento, distorsiones e injusticias que ella acarrea; y además se sinceraría cuántas personas están realmente dispuestas a utilizar sus propios recursos para la preservación edilicia.
