Australia Creó un Estado Policial para Detener el COVID-19. Las Estadísticas Muestran que no Está Funcionando

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La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, anunció que el gobierno ampliará su confinamiento tras un brote de la variante Delta.

«Todavía no creemos que hayamos alcanzado el pico de este brote, o necesariamente el límite del mismo», dijo Ardern en una conferencia de prensa en la capital, Wellington.

Mientras tanto, en la cercana Australia, los residentes están entrando en la novena semana de un confinamiento que inicialmente se había programado para dos semanas. En muchas de las zonas más afectadas de la ciudad, informa la NBC, el personal militar recorre las calles y las autoridades imponen multas de hasta $3.700 dólares a las personas que incumplen las órdenes de cierre.

La política ha dado lugar a violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes del confinamiento, pero los funcionarios de salud pública han defendido la medida, que se espera que dure al menos hasta septiembre.

«De lo que se trata es de ganar tiempo», dijo Kerry Chant, jefe de sanidad del estado de Nueva Gales del Sur.

La decisión de Nueva Zelanda y Australia de confinarse -y de seguir haciéndolo mientras el virus se propaga- se ajusta a un patrón conocido.

En 2020, numerosos gobiernos de todo el mundo decretaron el confinamiento para intentar mitigar la propagación del COVID-19. En Estados Unidos, los funcionarios de salud pública crearon una campaña de «15 días para frenar la propagación«, que rápidamente se convirtió, en muchos lugares, en cierres indefinidos de todos los sectores económicos considerados «no esenciales».

Los resultados de los confinamientos fueron catastróficos: pérdida de millones de puestos de trabajo, destrucción de millones de empresas, aumento de sobredosis de drogas, incremento de suicidios y depresión entre los jóvenes y una disminución masiva de las pruebas de detección del cáncer, entre otros. En todo el mundo, se prevé que hasta 150 millones de personas caigan en la pobreza extrema, según el Banco Mundial.

El Dr. Jay Bhattacharya, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, calificó recientemente los confinamientos como el «mayor error de salud pública que hemos cometido».

«El daño a la gente es catastrófico», dijo Bhattacharya.

Los daños serían lo suficientemente graves, pero una gran cantidad de pruebas también sugieren que los confinamientos fueron ineficaces para contener el virus. Se han publicado casi tres docenas de estudios académicos que sugieren que los confinamientos hacen poco para frenar la propagación del virus.

Tras el brote del año pasado, los autores de los modelos advirtieron que Suecia sufriría «al menos 96.000 muertes… para el 1ero de julio, si no se aplicaban medidas de mitigación». Hasta la fecha, menos de 15.000 suecos han muerto por el coronavirus y Suecia ha tenido un pico de muertes menor que la mayor parte de Europa. Además, vecinos como Noruega y Finlandia, que tenían políticas similares a las de Suecia, tenían una de las tasas de mortalidad por COVID más bajas de Europa.

«[Los confinamientos] no han servido para controlar la epidemia en los lugares donde se han impuesto con mayor vigor», le declaró Bhattacharya a Newsweek a principios de este año.

Desgraciadamente, los actuales confinamientos en Australia y Nueva Zelanda no están resultando más eficaces para frenar el virus que los confinamientos de 2020, a pesar de la línea dura de sus gobiernos.

El promedio móvil de 3 días de casos es de casi 1.000 en Australia, casi el doble de su pico en 2020. En Nueva Zelanda, mientras tanto, los casos han aumentado rápidamente a más de 60 por día, a pesar de que Nueva Zelanda entró en confinamiento después de conocer un sólo caso de COVID.

Una de las razones por las que los cierres tienen dificultades para contener el virus es que las investigaciones demuestran que las órdenes de permanecer en casa pueden ser contraproducentes.

«Las micropruebas contradicen el ideal de salud pública en el que los hogares serían lugares de confinamiento solitario y de transmisión cero», señaló el economista de la Universidad de Chicago Casey B. Mulligan en un documento de la Oficina Nacional de Investigación Económica publicado en abril. «En cambio, las pruebas sugieren que ‘los hogares muestran las tasas de transmisión más altas’ y que ‘los hogares son entornos de alto riesgo para la transmisión de [COVID-19]'».

Los economistas de la RAND Corporation y de la Universidad del Sur de California llegaron a una conclusión similar respecto a la ineficacia de las órdenes de «shelter-in-place» meses después.

«No conseguimos encontrar que las políticas de Permanecer en casa (PEC) salvaran vidas», informaron los autores. «No logramos encontrar que los países o estados de EE.UU. que implementaron las políticas de PEC antes, y en los que las políticas de PEC tuvieron más tiempo para operar, tuvieran un menor exceso de muertes que los países/estados de EE.UU. que fueron más lentos en implementar las políticas de PEC», explican los autores.

Lamentablemente, los gobiernos están agravando la tragedia de la pandemia con las medidas de confinamiento. Los ciudadanos no sólo se ven obligados a lidiar con una pandemia mortal, sino también con estados policiales cada vez más agresivos y brutales.

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En Australia, recientemente se ha matado a tiros a los perros de rescate para evitar que los trabajadores de las organizaciones benéficas los recojan, ya que ello supondría un desplazamiento. El Estado también está utilizando «hoteles sanitarios» para confinar involuntariamente a los ciudadanos cero-positivos, mientras que se están construyendo múltiples instalaciones de cuarentena, incluida una instalación en Queensland que albergará hasta 1.000 personas.

Los australianos que se han negado a someterse al confinamiento estatal se han encontrado con que están huyendo. La policía también está controlando supuestamente los rastreadores de fitness para asegurarse de que los individuos no están viajando más allá de los límites establecidos por el estado.

«Cada vez es más difícil esconderse si estás haciendo lo que no debes», informó recientemente Channel 9 News Sydney.

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Los australianos que se han reunido para resistirse a estas medidas han sido reprimidos violentamente por la policía, que no ha dudado en utilizar balas de goma y gas pimienta contra ellos. Esta semana ha salido a la luz un video en el que se ve a un niño llorando desconsoladamente tras haber sido golpeado por la policía en la cara y con gas pimienta durante una concentración por la libertad.

«No puedo ver», gritaba el niño mientras los asistentes a la manifestación trataban de lavarle los ojos con agua.

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Las imágenes son aterradoras, y mucha gente está empezando a despertar al horror moral que está envolviendo a la Land Down Under.

«Australianos (y quizás todos en Occidente): ¿se les está pidiendo que elijan entre los peligros de un estado policial o los peligros de Covid?», tuiteó el jueves el autor Jordan B. Peterson. «Sin duda, preferiría el riesgo relativamente bajo de lo segundo a la certeza cada vez más desagradable de lo primero».

Sobra decir que estos resultados no son los que pretendían los legisladores australianos cuando entraron en el confinamiento. Sin duda, esperaban contener o al menos ralentizar la propagación del virus; eso no está ocurriendo. Su Estado policial, afirman, fue diseñado para mantener a la gente a salvo, no para crear una tiranía. Pero eso es exactamente lo que está haciendo.

Y este potencial de tiranía está plasmado en confinamientos en todas partes.

«Una vez que un gobierno se compromete con el principio de silenciar la voz de la oposición, sólo tiene un camino que recorrer», observó en una ocasión el presidente estadounidense Harry S. Truman, «y es por la vía de medidas cada vez más represivas, hasta que se convierte en una fuente de terror para todos sus ciudadanos y crea un país en el que todos viven con miedo».

Terror es en lo que se ha convertido el gobierno de Australia. Recemos para que Nueva Zelanda, y de hecho el resto del mundo, reconozca por fin el verdadero rostro de los cierres.

 

Fuente: La Fundación para la Educación Económica

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