Las crisis muchas veces resaltan las políticas públicas “ineficientes”—aquellas cuyos costos superan sus beneficios. La sociedad puede tolerar (y puede no darse cuenta) de estas durante tiempos ordinarios, permitiendo que las políticas continúen, y protejan y enriquezcan a intereses especiales. Pero en momentos de crisis, sus costos se vuelven menos tolerables.
Debido al coronavirus, la economía estadounidense está experimentando shocks negativos simultáneos de demanda y de oferta. El shock de demanda es ampliamente comprendido: el “distanciamiento social” está causando que la gente evite (y que los gobiernos cierren o limiten) el tránsito masivo, los restaurantes, los servicios personales, y otras empresas. El shock de oferta es menos reconocido pero más preocupante: las cuarentenas y las enfermedades de los trabajadores amenazan con perturbar las cadenas de suministro para productos que están fuertes por el lado de la demanda, incluyendo los insumos médicos, los alimentos, los desinfectantes y limpiadores, y la energía.
Las regulaciones ineficientes exacerban el shock de oferta, limitando la producción y elevando los precios. Chris Edwards y Jeff Singer han escrito acerca de algunas de las regulaciones que los gobiernos ahora están apresurándose para suspender como una forma de estímulo a la oferta.
La revista del Instituto Cato, Regulation, examina las normas estatales sobre la actividad económica, señala aquellas que son ineficientes, y sugiere reformas. En tiempos como estos, mejorar cualquier regulación debería ayudar; sin embargo, varios artículos durante los últimos años son particularmente relevantes para la crisis del coronavirus.
Aquí presentamos una lista de estos artículos, con un breve resumen de cada uno y enlaces a los artículos enteros. Esta lista está dividida en dos secciones: reglas cuya reforma podría ayudar de manera inmediata, y reglas cuya reforma puede servir en las crisis futuras. Para quienes hacen política a nivel federal o a nivel de los estados y andan buscando respuestas a la crisis actual, esta lista es un buen lugar para empezar.
Las reformas que deberían empezar inmediatamente:
Liberalizar las licencias médicas: las investigaciones académicas muestran que los requisitos de licencias para los doctores y otros profesionales médicos contribuyen poco a promover la seguridad pública. En cambio, sirven para reducir la competencia entre las profesiones. El ordenamiento privado —provisto por los aseguradores contra las malas prácticas, por los hospitales que conceden privilegios y por las prácticas médicas— hacen el trabajo duro de separar a los proveedores competentes de salud de los peligrosos. Las legislaturas de los estados deberían suspender los requisitos de licencias para los profesionales de salud asegurados; si no lo hacen, el Congreso debería utilizar su autoridad en virtud de la cláusula de comercio para imponerse sobre los gobiernos de los estados.
Reformar las licencias ocupacionales en general: la necesidad de más profesionales de salud, especialmente en lugares donde la epidemia es más intensa, es obvia. Este razonamiento se extiende a los profesionales de otras profesiones dado el inminente shock de oferta que afectará a todo tipo de servicio valioso. Los estado deberían liberalizar inmediatamente sus regímenes de licencias ocupacionales; si no lo hacen, el congreso debería utilizar su autoridad en virtud de la cláusula de comercio para imponer su autoridad sobre aquella de los gobiernos de los estados.
Remover barreras al comercio: las recientes guerras comerciales del Presidente Donald Trump suma importantes impuestos a la oferta extranjera de todo tipo de productos. Estos serán especialmente dolorosos durante el próximo shock de oferta, perjudicando a los consumidores estadounidenses así como también a los trabajadores domésticos que requerirán insumos del extranjero. Todas las barreras y aranceles comerciales deberían ser eliminadas inmediatamente, ya sea por la administración de Trump o por el congreso, el cual puede imponerse por sobre cualquier veto de la Casa Blanca.
Derogar la Ley Jones: la Ley de Marina Mercantil de 1920, mejor conocida como la Ley Jones, requiere que los productos transportados entre los puertos estadounidenses sean transportados en embarcaciones fabricadas en EE.UU. Pero las embarcaciones comerciales de EE.UU. son considerablemente más escasas, más costosas, y están peor condición que las embarcaciones extranjeras disponibles. Esto eleva los costos de transportación y desacelera la distribución en tiempos ordinarios, pero esto es especialmente perjudicial frente a un shock de oferta. El congreso debería derogar inmediatamente la Ley Jones.
Suspender las leyes en contra de la manipulación de los precios: así de desagradables como son las alzas de precios durante una crisis, estos sí inducen un aumento de la oferta y moderan la demanda. Eso será especialmente importante durante el shock de oferta que se viene.
Reconocer protecciones a la “libertad de expresión” para el uso de drogas no etiquetado: muchas medicaciones son utilizadas “fuera de etiqueta”, esto significa que son usadas para propósitos distintos a aquellos aprobados por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés). Esto es legal; de hecho, muchas terapias importantes de drogas son para usos distintos a aquellos indicados en sus etiquetas. Sin embargo, a las empresas farmacéuticas no se les permite discutir los usos no especificados en las etiquetas con los proveedores de cuidados médicos. Durante la actual crisis, mejorar el flujo de información acerca de las posibles terapias es vital. La Casa Blanca debería ordenar inmediatamente a los reguladores federales respetar el derecho a la libertad de expresión de las empresas farmacéuticas para informar a los proveedores de cuidados médicos acerca de los potenciales beneficios no especificados en las etiquetas de sus productos.
Liberalizar la regulación de negocios basados en casa: muchos estados y lugares tienen leyes o regulaciones que limitan o prohíben los negocios basados en casa y los arreglos para trabajar desde la casa. Estas regulaciones están en conflicto con los esfuerzos de “distanciamiento social” para desacelerar el contagio del coronavirus. El congreso debería utilizar su poder en virtud de la cláusula de comercio para suspender inmediatamente todas las leyes y regulaciones de los estados y gobiernos locales, y los estados y gobiernos locales deberían derogar esas regulaciones.
Proteger H-4 EAD: la administración de Trump está tratando de acabar con el programa H-4 EAD, el cual permite que los inmigrantes legales trabajen y manejen negocios en EE.UU. Acabar con el programa debilitaría la oferta de trabajo tanto sacando a estos inmigrantes de la fuerza laboral como a miles de trabajadores estadunidenses que los inmigrantes emplean. La administración de Trump debería detener este intento inmediatamente o, de lo contrario, el Congreso debería actuar para preservar el programa H-4 EAD.
Preservar DACA: el esfuerzo de la administración de acabar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) resultaría en que muchos de estos inmigrantes se desplazarían hacia la economía informal, aumentando el riesgo de transmisión del coronavirus y reduciendo su disponibilidad para el empleo legal. La administración de Trump debería detener este intento inmediatamente o el congreso debería actuar para preservar DACA.
Liberalizar los mercados de funerarias y otros mercados de “servicios de muerte”: los funerales, los ataúdes, y otros productos de “servicios de muerte” son costosos, en parte porque la industria está altamente regulada a nivel de los estados y la competencia es mínima. El congreso, utilizando su poder debajo de la cláusula de comercio, debería suspender estas regulaciones, ayudando a las familias que sufren pérdidas a soportar los costos de despedirse de sus seres queridos que podrían ser víctimas del coronavirus.
Reformas que tomarán tiempo (aunque algunas pueden ser implementadas temporalmente):
Alterar la cultura ultra-conservadora de aprobación de la FDA: los funcionarios de la FDA tienen un incentivo fuerte de restringir el acceso a nuevas drogas y otras terapias hasta que haya amplia evidencia de que estas son seguras. Estos incentivos operan en contra de los pacientes que sufren enfermedades dolorosas o terminales para las cuales no existe una terapia eficaz. En el pasado, las normas de la FDA habían concedido algunas excepciones para dichas enfermedades, siendo las drogas para el SIDA y algunas para el cáncer los principales ejemplos. Algunos políticos intentaron construir una política más amplia para otras terapias, pero las recomendaciones resultantes no fueron adoptadas. Los políticos deberían reconsiderar y adoptar esas recomendaciones.
Acabar con las leyes CON: muchos estados tienen leyes de “certificado de necesidad” (CON, por sus siglas en inglés) sobre los cuidados médicos (y otras industrias), limitando la oferta de establecimientos médicos para proteger económicamente a aquellos que están en funcionamiento. Estas leyes elevan los costos de los servicios médicos y reducen la capacidad que fuese especialmente valiosa en una crisis. El congreso debe utilizar su poder en virtud de la cláusula de comercio para suspender las leyes CON en los estados.
Acabar con los intentos de regular más las pruebas desarrolladas en laboratorios: que los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) no permitieron que otros desarrollaran pruebas para el coronavirus, incluso cuando la propia prueba de los CDC resultó ser defectuosa. Esto es ahora reconocido como un grave fallo del gobierno federal durante la actual crisis. Desde hace mucho han habido llamados a que las pruebas desarrolladas en laboratorios sean más reguladas por la FDA. La Casa Balnca debería ordenar que esos llamados no sean escuchados y que estas pruebas sean ampliamente permitidas.
Expandir las medicaciones que pueden ser compradas sin prescripción: muchas medicinas, cuando son introducidas, solamente están disponibles mediante una prescripción para asegurar que algún médico supervise su uso. Con el tiempo, conforme la gente demuestre que estas medicinas pueden ser usadas de manera segura, algunas se vuelven disponibles sin prescripción. Sin embargo, muchas medicinas siguen siendo de uso restringido a prescripción médica a pesar del uso seguro por parte de la gente. Esto eleva el costo de las medicinas, reduce el acceso de la gente a las mismas, y hace un uso ineficiente del tiempo y recursos de los profesionales médicos. El congreso debería ordenar a la FDA expandir las medicinas disponibles sin prescripción.
Re-enfocar las agencias de salud pública en problemas reales de salud pública: en teoría las agencias de “salud pública” promueven bienes públicos, tales como contener enfermedades contagiosas. Sin embargo, durante las últimas décadas, estas agencias cada vez han dedicado más recursos a cuestiones de salud privada que van desde las decisiones de fumar y alimentación, hasta el uso de autos y propiedad de armas. No queda claro qué justificación sólida pueden esgrimir los funcionarios de salud pública para estas nuevas intervenciones; mientras tanto estos esfuerzos distraen de los verdaderos problemas de salud pública.
Reformar las regulaciones laborales y eliminar la tramitología: los gobiernos, especialmente a nivel de los estados y de las ciudades, exigen costosos requisitos regulatorios y de reporte a los empleadores. Estos deprimen las contrataciones y los salarios en tiempos ordinarios, pero son especialmente costosas durante una crisis económica como el inminente shock de oferta que se está dando. Las legislaturas de los estados deberían suspender muchas de estas regulaciones inmediatamente y luego conducir una revisión y reforma comprensivas.
Fuente: El Cato
