Dos graves incidentes, acontecidos en sendos ámbitos académicos de nuestro país, nos deben mover a la reflexión y a la adopción de posiciones claras.
Me refiero a los ataques recibidos por el Dr. Domingo Cavallo en la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, antes de ayer, y luego a las amenazas que impidieron la exposición del Dr. Ricardo Lopez Murphy, programada para el día de ayer, en la Universidad Nacional de La Plata.
Ataque contra la libertad de expresión:
Al margen de la mayor o menor simpatía que nos produzca cada uno de los especialistas involucrados, es claro que el problema aquí es la brutal ruptura del diálogo político, y la imposibilidad de canalizar el disenso por carriles civilizados. Lo cual es la evidente antesala para la intolerancia, el fascismo, la violencia y la muerte. Ya hemos vivido, en los `70s, las consecuencias de estas actitudes irracionales e inadmisibles. Que luego se plasmaron en la expulsión y proscripción de profesores de enorme valor. Existen, lamentablemente, infinidad de ejemplos de estas iniquidades.
No interesa la posición política de cada uno de los fallidos disertantes. No tiene nada que ver su adscripción o no a determinado movimiento político. No me voy a dispersar en tratar de explicar o de analizar las posiciones públicas de cada uno de ellos. Lo que se debe repudiar, sin dudas, sin eufemismos y sin ningún tipo de reservas es que individuos fanatizados, en actitud de verdaderos energúmenos, enajenados, pretendan coartar el derecho de los ciudadanos a conocer posiciones alternativas a aquellas que se pretenden hegemonicas. Nadie intenta hacer callar a alguien que no está siendo escuchado. Resulta absolutamente evidente que las personas que voluntariamente habían decidido asistir a los eventos en cuestión, tienen derecho, sin ningún tipo de condicionantes, a escuchar las ideas, posiciones políticas, críticas, o pensamientos alternativos que crean interesantes. A nadie se le puede reconocer el derecho de censurarlos. De vulnerar su voluntad. De privarlos del debate.
Llama la atención que los comentarios se limiten a describir los hechos como agresiones contra los disertantes. Cuando los verdaderamente agredidos, han sido los asistentes, que deben soportar el accionar de un grupo de facciosos, que sin ningún tipo de autoridad formal, ni mucho menos moral, pretenden erigirse en los censores y determinantes de lo que es aceptable y lo que no. De lo que se puede opinar y lo que no. De lo que se puede afirmar y lo que no.
Destrucción del concepto de Universidad:
La actitud unánime que la hora exige es el repudio total y absoluto a este tipo de acciones. Pero no solo de palabra, sino en los hechos. A este tipo de provocaciones se debe responder compensando y actuando en consecuencia. El personal de seguridad que intervino en uno de los hechos, según ha trascendido, pudo constatar que algunos de los agresores serían miembros de la administración pública. Este tipo de personajes deben ser inmediatamente cesanteados y expulsados de la esfera del estado.
Es inadmisible tolerar que individuos que, se supone, deben propender a la consecución de los fines del estado, entre los cuales se encuentra, sin dudas, el fomento de la educación universitaria, se permitan instalar en la opinión pública que el sano debate de ideas es inadmisible. Que la discusión de posiciones diferentes no es deseable. Que quién piensa diferente no debe ser aceptado ni puede actuar en ese ámbito.
Urge que los rectores de instituciones públicas nacionales, se expresen sin reparos y sin demagógicos cálculos sobre las consecuencias que estas manifestaciones puedan tener, en el ámbito de sus alumnos y de los movimientos políticos que los agrupan.
Está en juego el concepto de Universidad. No se puede pretender ser autoridad, de una casa de altos estudios, si no se comparten estos principios esenciales. El Dr. Cavallo y el Dr. Lopez Murphy deben ser invitados con urgencia a debatir. A presentar sus posiciones. A criticar, con el peso de sus argumentos y de sus trayectorias académicas indiscutibles, en el ámbito de las universidades nacionales, y con las más absolutas garantías. El estado no puede mirar para otro lado ni hacer un silencio cómplice.
Tengo más de 30 años de experiencia universitaria: Como alumno de grado en universidades públicas, en los años de plomo en los que individuos que fingían ser mis condiscípulos me obligaban a abandonar el edificio de la UNR, bajo la amenaza de haber colocado explosivos. Luego como alumno de posgrado en prestigiosas universidades privadas. Luego como docente en universidades del exterior. Y también de nuestro país.
Mi experiencia, en todos estos años me lleva a afirmar que no hay otra forma de aprender que disentir e intercambiar ideas diferentes. Varias veces por semana enfrento un aula con 60 u 80 estudiantes que, sin dudas, no conocen del tema a tratar, lo que yo conozco. Por eso vienen en forma libre y voluntaria a escucharme. Y pagan por eso. No comparten mis puntos de vista, porque ni siquiera los han escuchado. No pueden coincidir en absoluto con lo que digo. Pero todos ellos, luego de 4 o 5 años de pasar por las aulas, se convierten en profesionales de provecho, precisamente porque hemos logrado ese privilegio que nos otorga la civilización: El debate fructífero de ideas diferentes. El intercambio de argumentos y su análisis desprejuiciado y sincero.
Quienes quieran expresar su disenso y su oposición a las ideas de quien fuera, pueden hacerlo. Pero es inaceptable que precisamente en el ámbito que debe ser un templo del saber y de la verdad, se persiga a quienes pretenden alcanzarla, expresando lo que han aprendido, a su leal saber y entender. La evolución de la civilización depende de esto.
Artículo originalmente publicado aquí.
