Fuente: Fundación Bases
En los últimos tiempos, los habitantes de nuestro país se vienen haciendo las preguntas del título, cada vez con más frecuencia. Y podemos decir que estos planteos no son tan recientes, ya que se viene hablando de esto prácticamente desde el principio del mandato del actual gobierno.
Dado lo breve de este comentario, no nos vamos a enredar en definiciones ni en enfoques teóricos relativos a las causas de la inflación y sus efectos. Este país ha padecido este cáncer por demasiados años en, digamos, la segunda mitad de su vida institucional, como para darnos el lujo de ignorarlos.
Sencillamente reflexionaremos, primero, en que las preguntas del título se suscitan precisamente porque desde el gobierno se ha dinamitado la confianza que históricamente tenían los ciudadanos en la solvencia técnica y la honestidad intelectual de los integrantes de los organismos encargados de medir la pérdida de poder adquisitivo del dinero, y en sus metodologías.
Se ha socavado el crédito público, basado en la honestidad con que se elaboran los índices que luego se utilizan para ajustar las condiciones de ciertas operaciones de financiamiento fiscal.
Se ha alterado la paz social, ya que ni trabajadores ni empleadores pueden tener indicios ciertos de la equidad que debe regir en las relaciones laborales.
Se ha impedido la normal marcha de los negocios, al introducirse nuevamente, como se padecía antaño, un factor aleatorio en toda operación a plazos o de tracto sucesivo.
Tal cual era de esperar, cuando el partido gobernante dio el golpe institucional que nos legó el último gobierno de facto de nuestra historia, a cargo de un actual candidato presidencial, y volvió a re-establecer el curso forzoso de la moneda doméstica.
Y es que esta medida de imponerle a los ciudadanos de una república el signo monetario que necesariamente deberán utilizar, correctamente abolida hacen dos décadas, ha sido utilizada hasta el hartazgo para confiscar los ahorros y destruir el poder adquisitivo de los salarios que ciertos gobernantes de corte populista dicen intentar proteger.
Seguidamente queremos llamar la atención en el hecho evidente, que se está observando desde hacen 2 o 3 meses, de la reanudación de las negociaciones salariales sobre la base de aumentos programados, para lo que resta del año, que oscilan entre el 28 y el 36 %, o incluso más, dependiendo del convenio, el gremio involucrado y otros detalles.
Aquí podríamos preguntarnos si sería razonable fijar semejantes parámetros de indexación salarial, si fuera cierto que la inflación anual no va a exceder de un dígito.
Dejemos de lado, por un instante, el comportamiento faccioso del gobierno, homologando este tipo de acuerdos salariales, mientras prohíbe expresamente similares tasa de actualización en contratos de locación de obras o incluso de inmuebles, a la par que niega sistemáticamente la correcta y necesaria aplicación de metodologías de determinación de resultados por exposición a la inflación en estados contables de las empresas, obligándoles a tributar impuestos sobre ganancias inexistentes.
El principal problema que se está generando, y que no parece observarse que nadie con poder de decisión lo advierta ni intente revertirlo, es que el mantenimiento de este tipo de políticas conlleva irremediablemente a un camino de destrucción, no solo del ahorro y del salario, sino también del capital invertido en la estructura de producción de la república.
Y esto es precisamente lo más alarmante dado que ya no quedan casi argumentos para negar que este es, precisamente, el que posibilita la mejora del salario real y origina las posibilidades de ahorro de los ciudadanos.
Aunque nos hayamos acostumbrado por décadas a ser gobernados por políticos que cantan, a modo de marcha partidaria, la clara intención de destruir el capital, también observamos que, ni desde la esfera de lo teórico, ni desde la argumentación intelectual, ni desde la historia económica del mundo en el pasado siglo, se puede ya ignorar esta verdad evidente: nos referimos a que el salario real de los ciudadanos solo podrá crecer si logramos hacer que aumente su capacidad para producir bienes y servicios, mediante la utilización de iguales cantidades de insumos, e incluso de tiempos laborales.
Este concepto de productividad está ínclitamente relacionado al stock de capital disponible. Y es este y ningún otro fundamento el que permite explicar la enorme brecha salarial que padecen nuestras economías emergentes, cuando se las compara con las de los países desarrollados.
Y el capital disponible solo puede crecer, si además de reponerse lo que anualmente se pierde por desgaste y obsolescencia, podemos acercar una masa creciente de ahorros que surgen del esfuerzo cotidiano en incrementar la producción por hora de trabajo y por unidad de insumo.
La sociedad argentina sufre ya demasiadas carencias y postergaciones como para que las urgencias electorales persistan en este camino de destrucción de las oportunidades de realización a las que, genuinamente, aspiran sus ciudadanos.
