En el año 2006, el ex presidente Evo Morales y el partido político Movimiento al Socialismo (MAS) llegaron al poder, electos por sus promesas de cambio, justicia social y la demolición del mal llamado modelo neoliberal. Los cambios que Morales empezó a implementar estaban alineados con estas promesas, que buscaban cumplirse mediante la reforma de la Constitución Política del Estado. Esta reforma, realizada en 2009, convirtió a Bolivia de República en Estado Plurinacional. Para acompañar este cambio constitucional y el nuevo modelo económico, el entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, desarrolló el Modelo Económico Social Comunitario Productivo.
Como suele suceder cuando un Estado asume un mayor control sobre la economía, Bolivia comenzó a experimentar un proceso de deterioro económico. Este deterioro llevó al país a enfrentar un riesgo país de 2.233 puntos, según JP Morgan, una de las cifras más altas de la región. Bolivia también se encuentra en el puesto número 7 del Índice de Infiernos Fiscales, elaborado por la fundación 1841, y en el puesto 165 del Índice de Libertad Económica, publicado por la fundación Heritage.
No solo los índices internacionales reflejan la situación crítica de Bolivia por las políticas socialistas, sino que internamente también hay una crisis de abastecimiento de combustibles. El gasto público ha generado año tras año un déficit que ha obligado al Estado a recurrir a las Reservas Internacionales Netas, lo que ha ocasionado una escasez de dólares estadounidenses en el país. Esta escasez ha dado lugar a un mercado paralelo del dólar, donde su valor fluctúa entre 10 y 15 bolivianos, mientras que el cambio oficial es de 6,95 bolivianos por dólar. La escasez de dólares y el elevado gasto público han provocado la pérdida de valor del boliviano, lo que ha generado un incremento en los precios de productos básicos y afectado la importación de medicamentos y otros bienes.
Este panorama ha generado incertidumbre entre los bolivianos, que temen por la pérdida de sus ahorros y enfrentan restricciones semanales impuestas por los bancos para el uso de sus tarjetas en compras internacionales o por Internet. Esta situación ha minado la confianza en el futuro del país.
Sin embargo, las últimas acciones del gobierno dan una luz de esperanza para algunas regiones de Bolivia. Santa Cruz, la ciudad con mayor producción del país y considerada su motor económico, ha sido una de las más afectadas por las políticas del MAS. En el mes de su aniversario, surge la idea de comenzar a discutir el derecho de secesión.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce la autodeterminación de los pueblos, y el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, al que Bolivia está suscrita, avala este derecho en su primer artículo. El pacto sostiene que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación y a disponer de sus recursos y riqueza. A nivel internacional, la ONU establece dos criterios relevantes para justificar la secesión unilateral: en casos de colonización o en presencia de constantes violaciones a los derechos humanos.
Santa Cruz se enmarca en esta segunda categoría, con dos antecedentes claros que podrían justificar la búsqueda de la secesión. Primero, el censo del 23 de marzo de 2024, cuyos resultados mostraron un crecimiento mínimo en el departamento, lo que la población ha calificado de genocidio estadístico. Segundo, el Decreto Supremo 3973, que permitió la quema controlada para expandir la frontera agrícola, ha llevado a la ciudad a un estado de emergencia anual debido al incremento de los incendios. Estos incendios han deteriorado la calidad del aire, incrementado las enfermedades respiratorias, y causado la pérdida de hogares, flora y fauna. Las constantes quemas son consideradas una amenaza al derecho más básico: el derecho a la vida.
Santa Cruz podría invitar a otros departamentos afectados por las políticas del gobierno a ejercer el derecho de secesión. Santa Cruz tiene el potencial de liderar la creación de un nuevo Estado, uno que abrace las ideas de libertad, propiedad y la búsqueda de la felicidad.
* Gabriel Garcia Álvarez es apasionado por la difusión y la defensa de las ideas de la libertad, enfocado en la economía, la libertad académica y la libertad de educación. Actualmente se desempeña como Research Fellow en la Fundación Internacional Bases.
Fuente: Fundación Internacional Bases
