Dada la afición de los votantes estadounidenses a ofrecer un gobierno dividido, puede parecer extraño que los demócratas hayan sido capaces de arrebatar el control de la Casa Blanca y de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de 2020. Y aunque es evidente que habrá un acuerdo de reparto de poder en el Senado, los demócratas se encuentran en una posición envidiable, que han utilizado con gran efecto en el pasado.
La última vez que un presidente demócrata tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso, vimos a Barack Obama tomar el control de la agenda legislativa para impulsar la Ley de Asistencia Asequible. La ACA se aprobó con el voto de tan sólo un republicano, Ánh Quang «Joseph» Cao, en la Cámara (aunque los demócratas no necesitaban su voto), y sin ningún apoyo republicano en el Senado. No es frecuente que un partido domine el panorama político de tal manera que pueda aprobar leyes a su antojo, pero los pocos ejemplos que existen ofrecen una visión reveladora de lo que podría esperarse de un gobierno unido en nuestra época.
Desde 1935 hemos visto una serie de leyes inmensas en envergadura, leyes que han cambiado el tejido mismo de la vida política estadounidense al darle poder al gobierno federal, mucho más allá de sus limitaciones constitucionales. Además de la ACA en 2010, la Seguridad Social (1935) y Medicare (1965) también se implementaron cuando los demócratas tenían el control tanto de la Casa Blanca como del Congreso.
Dados los resultados de las recientes elecciones, no debería sorprendernos que estemos ante la siguiente gran expansión: la condonación de la deuda estudiantil, una promesa que Joe Biden hizo con frecuencia mientras hacía campaña para la presidencia. Al igual que las grandes ideas que le precedieron, esta idea nos costará más de lo que podemos pagar desde el primer día, y mucho más de lo que admiten sus defensores. El plan de Biden, tal como se concibe actualmente, costaría más de 300.000 millones de dólares. Pero eso es sólo este año. El plan pondrá en marcha consecuencias imprevistas que sin duda persistirán durante generaciones.
En primer lugar, los nuevos estudiantes del año que viene exigirán, como es lógico, que también se les condonen los préstamos. Y lo mismo harán los del año siguiente, y así sucesivamente. Este programa se convertirá rápidamente en una especie de UBI universitario, en el que el gobierno simplemente entrega 10.000 dólares a cada estudiante universitario. Algunos argumentan que si esto resulta en una población mejor educada, entonces vale la pena el costo. Pero no dará lugar a una población mejor educada; dará lugar a que un montón de estudiantes se especialicen en cosas que el mercado no valore, y a que otro grupo simplemente se tome unas vacaciones de cuatro años con el dinero de los contribuyentes. Hasta ahora, los graduados sabían que necesitaban habilidades comerciales para pagar sus préstamos universitarios. Pero cuando los préstamos estudiantiles se condonen como algo natural, los graduados no tendrán ningún costo al desperdiciar nuestros recursos colectivos estudiando cosas que el mercado no valore, o al no estudiar en lo absoluto.
En segundo lugar, las universidades responderán a esta nueva realidad aumentando las matrículas de forma proporcional. Las matrículas y las cuotas fueron un 18-19% de los ingresos familiares de manera bastante constante desde los años 60 hasta 1978. En 1965, el gobierno federal empezó a garantizar los préstamos a los estudiantes. En 1973, el Congreso creó Sallie Mae y le encargó la concesión de préstamos estudiantiles subvencionados. Y en 1978, matrículas y cuotas emprendieron una continua marcha hasta llegar a ser el 45% de los ingresos familiares actuales. Cuando el gobierno hace que sea menos doloroso para los estudiantes pedir préstamos, ya sea garantizando, subsidiando o perdonando los préstamos, elimina parte del sacrificio que requieren los préstamos estudiantiles, lo que hace que sea más fácil para los colegios y universidades aumentar las matrículas.
Fuentes de datos: Banco de la Reserva Federal de San Luis, Centro Nacional de Estadísticas Educativas.
En tercer lugar, es de esperarse que muchos contribuyentes peguen el grito al cielo. Los propietarios de viviendas se preguntarán, con bastante sentido común, por qué el gobierno no les perdona sus hipotecas. Al fin y al cabo, los préstamos estudiantiles ascienden a unos 1,4 billones de dólares, mientras que las hipotecas estadounidenses suman más de 16 billones. Si aliviar a los estudiantes de la carga de sus deudas es una buena idea, debería ser una idea aún mejor aliviar a los propietarios de las suyas.
¿Qué pasa con los estudiantes que tuvieron varios trabajos o asistieron a escuelas menos prestigiosas para evitar endeudarse? ¿Por qué no se les recompensa? ¿Qué pasa con los estudiantes que pagaron diligentemente su deuda y ahora están libres de ella? ¿No recibirán nada? ¿Y qué pasa, fantásticamente, con la gente de los oficios? ¿Es razonable cobrarle a las personas -a través de los mayores impuestos que traerá la condonación de préstamos- que no fueron a la universidad para subvencionar a los que sí lo hicieron? Independientemente de las respuestas a estas preguntas, la aplicación de este plan estará plagada de dificultades.
Al final, hay tres grandes ganadores en este plan. Las universidades podrán subir sus precios aún más, porque losF estudiantes, de repente, tendrán dinero extra para pagar. Los estudiantes que se endeudaron de forma gigantesca, podrán obligar a sus conciudadanos a pagar la cuenta. Y por último, los políticos comprarán votos aparentando ser magnánimos con el dinero de los demás.
Los grandes perdedores serán los futuros estudiantes, que verán cómo las matrículas se dispararán una vez más, los estadounidenses de clase trabajadora, que de repente se ven obligados a pagar para que otras personas vayan a la universidad, y los contribuyentes en general, que -como siempre- se quedarán con la deuda.
