Fuente: Fundación Bases
Este domingo último se llevaron a cabo en Santa Fe las internas abiertas y obligatorias para pre candidatos provinciales y municipales. Uno de los puntos que, patéticamente, sobresalieron en la campaña fue cuan transparentes fueron los principales candidatos sobre sus intenciones de aumentar la ya asfixiante carga fiscal santafecina. Más preocupante aun es que justamente fueron estos estos candidatos quienes se erigieron triunfales en las primarias y ahora competirán por la titularidad de la Casa Gris. Voy a ser claro, 52% (si sumamos los votos de los 2 candidatos del PS y de los candidatos K) de los votantes de la provincia se inclinaron por candidatos que ni siquiera se tomaron el trabajo de mentirles respecto de sus intenciones fiscalistas. Ello habla muy mal del electorado provincial.
Sin embargo, me cuesta trabajo entender cómo más de la mitad de los votantes de una de las provincias más ricas y, al mismo tiempo, más expoliadas del país, puede comprar la lógica del “más impuestos = más obras”. En primera instancia, me gustaría explicar por qué es que este mensaje es falaz y mal intencionado.
Para comenzar, voy a abstraerme de la valoración moral que puede tener que el gobierno utilice impuestos recaudados compulsivamente para gastarlos en bienes y servicios que el mercado decide no producir voluntariamente.
La caja provincial funciona, o debería funcionar, como la economía de una casa. Digamos que una familia tiene un ingreso mensual de 7000 pesos. Con ese ingreso tiene que cubrir los costos fijos, como alquiler, servicios públicos, alimentos, etc. Con lo que queda, esa familia puede elegir ahorrar ahora y consumir luego o consumir ahora y pagar en cuotas con tarjeta de crédito. La familia podría elegir irse de vacaciones todos los años en diciembre y pagar durante el resto del año, en cuotas, los gastos de sus viajes. Las vacaciones, son eventos que comienzan y terminan y cuyo flujo de caja, en caso de pagar en cuotas, es previsible.
Las obras publicas que lleva adelante un gobierno, sea municipal, provincial o nacional, son proyectos que, al igual que unas vacaciones o la compra de un electrodoméstico grande, tienen un flujo de fondos que tiene fecha de comienzo y de finalización. Puede ser el bacheado de una calle, la remodelación de una escuela, un hospital, más kilómetros de autopista, etc. La clave es que comienzan y terminan, esto significa que si el gobierno fija un presupuesto para obras publicas, estaría en condiciones de todos los años ejecutar la misma cantidad de proyectos, ya que el flujo de caja usado para una plaza hoy, se libera el año próximo y el gobierno podría hacer otro.
En este punto, algún lector escéptico podría argumentar que si aumentaran los ingresos, el gobierno podría aumentar el presupuesto anual de obras publicas y llevar adelante mas obras. Sin embargo, hay que resaltar dos falencias claves en ese razonamiento.
En primer lugar, llevar adelante obras públicas requiere capacidad de gestión y el gobierno, como cualquier otra organización, no tiene capacidad de gestión infinita. Como consecuencia, incluso con presupuesto infinito, la capacidad real del gobierno expandir sus portafolio de inversiones publicas es limitado.
Por otro lado, hay que resaltar la ley de los rendimientos decrecientes. Esto es, cada peso adicional que el estado gasta en obras publicas rinde menos que el anterior ya que si el gobierno es racional a la hora de presupuestar y ejecutar obras, debería darle prioridad a aquellas obras públicas más importantes y luego ejecutar las que son de importancia marginal. A esto hay que contrastar que para los contribuyentes, cada peso adicional que les es confiscado en forma de impuestos es más preciado ya que le cuesta más.
Entonces nos encontramos en la inmoralidad de que “mas impuestos = mas obras” implica que el estado expropia a los contribuyentes pesos que son marginalmente mas valiosos para ejecutar inversiones publicas que son marginalmente menos productivas. Esta es la gran estafa que 52% de los votantes decidieron no ver o fueron cómplices de las aspiraciones confiscatorias de los principales candidatos a gobernador.
Para finalizar, es importante remarcar que los argumentos expuestos en los párrafos precedentes partían del supuesto de que el estado invierte en bienes y servicios de infraestructura que son valorados por los contribuyentes. Sin embargo, este supuesto no podría estar más alejado de la realidad. La historia de los últimos casi 30 años de gestión provincial demuestran que cada gobierno de turno se ha ocupado de aumentar la planta de empleados y contratados de la provincia, inventar cargos, entorpecer la máquina de crear riqueza que es el mercado y destruir (y expropiar) sistemáticamente al sector mas dinámico de la economía provincial que es el campo.
Preocupa ver a los votantes de una de las provincias más ricas de Argentina aceptando su papel de corderos listos para el sacrificio fiscal que muy probablemente signifique el próximo período de gobierno en Santa Fe.
