Tras varios años de intenso debate y actividad burocrática, hace un par de meses ha entrado en vigor la llamada Ley de Mercados Digitales o DMA (siglas de su nombre en inglés, “Digital Market Act”) como la conocemos los que hemos seguido el debate desde sus orígenes, y como la voy a denominar en este artículo.
La DMA pretende evitar que determinados agentes de Internet utilicen su supuesto poder de mercado para forzar condiciones injustas a sus clientes y, en consecuencia, a sus usuarios. Distingo clientes de usuarios, porque los referidos agentes de Internet suelen tener la consideración de plataforma, en que una serie de usuarios de la plataforma, sus clientes, la utilizan para vender o dar a conocer su producto a los usuarios de la misma. Por ejemplo, todos somos usuarios del buscador de Google; sin embargo, no pagamos (al menos no con dinero) por este servicio; son los anunciantes clientes de Google los que pagan por el mismo a cambio de poder llevar información a los usuarios. Algo parecido ocurre con Meta-Facebook, en este caso por el uso de las redes sociales. Más complicados pueden ser los casos de Amazon o Apple, pero la idea es básicamente la misma.
Para conseguir su objetivo, la DMA define la figura del Guardián de Acceso o Gatekeeper (usaré también el término en inglés para que no parezca esto un capítulo de Dragones y Mazmorras) y establece en qué condiciones un proveedor de servicios digitales tiene esta consideración para inmediatamente sacudirle con una retahíla de obligaciones, hasta 23, muchas veces de difícil comprensión e interpretación.
Cualquiera que estudie la norma, a poco que sea crítico, se dará cuenta de que está dirigida a sujetos específicos, no es una norma “ciega” como las que exige la “Rule of Law”, por mucho que se disfrace de tal. Es obvio que los Gatekeepers son Microsoft, Google, Apple, Facebook-Meta y Amazon, aunque quizá se cuele algún despistado más en la definición (¿Netflix?).
Tampoco las obligaciones que se imponen están justificadas en consensos teóricos de los economistas. Son las que los funcionarios de la Comisión Europea y de los Estados Miembros, junto con los Europarlamentarios, trabajando codo con codo, han considerado que había que imponerles. Simplemente porque ellos creen que eso es lo bueno para Europa y los europeos, pero sin análisis científico alguno que lo demuestre. Porque hoy es hoy, como decía el anuncio.
Con este instrumento, la Comisión Europea pretende domeñar el poder de mercado de los salvajes Big Tech y evitar así que perjudiquen no solo a los consumidores europeos, sino también al tejido industrial de la Unión. Para los orgullosos burócratas europeos, la DMA es un ejemplo a seguir por el resto del mundo, como también lo constituye otra de sus obras maestras, el inefable RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)[1].
Esos mismos burócratas, o al menos aquellos que aún se asoman a la realidad desde su torre de cristal, se habrán quedado atónitos al observar la pérdida de valor que han sufrido en Bolsa durante este año los causantes de sus desvelos. Y supongo que la boca aún no se les habrá podido cerrar al constatar que tal pérdida de valor va seguida de reajustes en sus estructuras, esto es, de despidos masivos por todo el mundo.
¿Cómo es posible que empresas con tamaño poder de mercado tengan que ajustarse de esta forma? ¿Acaso no son capaces de desenvolverse con independencia de clientes, proveedores y ciudadanos? ¿O va a resultar que no tenían tal poder de mercado?
Quizá algún burócrata hará la lectura de que esa pérdida de valor se debe precisamente al “éxito” que anticipan los analistas para la DMA. A este optimista habrá que recordarle que cuando ha ocurrido el descalabro aún no estaba en vigor y de hecho faltan bastantes meses para que se implemente, no digamos para que sus efectos se noten; pero, sobre todo, habrá que recordarle que el negocio de los Big Tech es global, y Europa solo supone una parte, no mínima pero sí decreciente, del mismo.
Los demás usaremos el sentido común y algún conocimiento de teoría económica para explicar tal suceso de una forma más racional. Y es que el poder de mercado que aducen los reguladores para justificar sus intervenciones en el mercado, es un mito. Al menos, es un mito en los mercados no regulados. Por supuesto, si los Gobiernos deciden crear monopolios u oligopolios legales, o dar privilegios a las empresas de sus amigos, aparece poder de mercado.
Pero no es así como los Big Tech han llegado a conquistar el mercado. No consta en la historia de Google, o en la de Meta, o en la de Microsoft, o en la de Amazon, o en la de Apple, que el gobierno de los EEUU les concediera un monopolio legal para su actividad. No. Estas empresas han llegado donde han llegado porque eran sobresalientes en la satisfacción de las necesidades de la gente, porque nadie lo hacía mejor que ellos. Su supuesto “poder de mercado” está sujeto a las vicisitudes de las preferencias de sus clientes, de las que nadie les protege. Realmente, ese “poder de mercado” es poder de sus usuarios y de sus clientes, a los que tienen que servir para mantener su posición y sus beneficios.
La pérdida de valor en Bolsa que han sufrido durante este año no se puede explicar fácilmente, y quizá sea solo coyuntural. En todo caso, una pérdida de valor es un desajuste real o anticipado en la capacidad de satisfacer a los clientes. Los inversores les han dicho a las Big Tech que lo que estaban haciendo no es lo que ellos creen que van a querer sus clientes en el futuro. Y a las Big Tech, con todo su supuesto poder, no les queda otra que reestructurarse para tratar de acertar con esas preferencias. En ello están.
Volvamos con la DMA. Ya hemos visto que su construcción, además de arbitraria per se, se ha basado en un mito, cuya falacia se ha constatado justo antes de su entrada en vigor. Si realmente estas empresas no tienen poder de mercado, no hacía falta la DMA para nada. Y ahora que lo tenemos, ¿qué podemos esperar e de él? ¿Ayudará al proceso de ajuste a las preferencias de los ciudadanos que se está exigiendo a los Big Tech?
Esa pregunta equivale a analizar si las obligaciones (23, no se olvide) que se imponen a los Gatekeepers, son realmente cosas que quieren sus clientes y usuarios. Si fuera así, lo cierto es que no hubiera hecho falta obligarles a hacerlas, porque al actuar en un mercado no intervenido se tienen que ajustar a las preferencias de los usuarios para sobrevivir.
Ergo, tiene pinta de que no es el caso, así que lo único que harán dichas obligaciones es entorpecer el proceso de ajuste que estos agentes requieren, forzándoles a dedicar recursos allá donde no son valorados por la sociedad, empezando posiblemente por todos los abogados y consultores que van a hacer su agosto a costa de estas empresas con la implementación de la DMA en Europa.
Así que lo que nos espera en los próximos años a los europeos es la degradación del servicio excelente que hasta ahora nos venían dando. Por un lado, tienen el reto que les propone el mercado de adaptarse a las nuevas demandas; por otro, tendrán que desperdiciar recursos en cumplir lo que quieren los funcionarios y políticos europeos, recursos que no se podrán dedicar a dichas nuevas demandas, sean cuales sean.
Eso sí, la Unión Europea se mantendrá como líder cada vez más destacado en regulación y ejemplo a seguir para el resto del mundo, que esta “empresa” jamás baja en Bolsa.
Fuente: Instituto Juan de Mariana
