El Partido Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua, ha rechazado y denunciado públicamente el recrudecimiento de los ataques y amenazas contra las libertades públicas por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega, mediante el anuncio de nuevas normas legales que limitan aún más la libertad de prensa, la libertad de expresión, así como la recepción y ejecución de recursos de cooperación internacional a través de organizaciones de la sociedad civil.
El pasado 15 de septiembre, el régimen nicaragüense anunció que realizaría las modificaciones constitucionales y legales necesarias para restablecer la cadena perpetua en el sistema penal, para aplicarla a los delitos que calificó sin precisarlos como “crímenes de odio”, término que ha venido utilizando desde 2018, como parte de una campaña de estigmatización contra la oposición, para referirse a cualquier expresión de protesta pública.
El 22 de septiembre, la bancada oficialista en la Asamblea Nacional presentó una Iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, en la cual descalifica cualquier forma de cooperación internacional a través de organizaciones de sociedad civil al considerarla injerencia extranjera en los asuntos internos, y estigmatiza bajo el calificativo de “agentes extranjeros” a todos los ciudadanos que trabajen en organizaciones o reciban cualquier tipo de beneficio proveniente de recursos externos canalizados por la sociedad civil, a quienes obliga a inscribirse en un registro especial, les pone bajo investigación sus finanzas, los amenaza con sanciones penales y les restringe sus derechos políticos.
Con esta ley estaría afectando a los beneficiarios y trabajadores de proyectos de vivienda, salud, agua potable, educación, formación y becas, apoyo a comunidades indígenas, derechos humanos y participación social, medios de comunicación independiente, además de violentar el derecho al trabajo, a la privacidad y a la participación política de miles de ciudadanos, sometiéndolos a una especie de “apartheid político”.
Esta tríada de amenazas contra las libertades ciudadanas, se completó el 29 de septiembre con la Iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos en la cual, junto a la tipificación de delitos informáticos y relativos a la integridad de los sistemas informáticos y sus datos, incluye una serie de disposiciones que atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Mediante esta Iniciativa de Ley, se amenaza con criminalizar la labor de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y de cualquier ciudadano que difunda información o exprese opiniones a través de medios informáticos.
Particularmente lesivas al ejercicio de estos derechos son las disposiciones contenidas en los artículos 25, 29 y 30 de la Iniciativa, en las cuales se penalizan como delitos la revelación de información reservada de entidades públicas y la difusión de información que a juicio del Estado sea falsa, tergiversada, que incite al odio, la violencia, ponga en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o a la seguridad.
La pretensión de criminalizar la difusión de información y opiniones, la tipificación imprecisa de delitos y la amplísima discrecionalidad de las autoridades penales en su calificación, son particularmente peligrosas en un régimen dictatorial que, utiliza el sistema penal como un instrumento de intimidación y venganza política.
Este conjunto de normativas legales que pretende aprobar el régimen mediante la Asamblea Nacional, que controla ampliamente como resultado de la farsa electoral de 2016, ponen de manifiesto que está creando el marco legal para criminalizar cualquier expresión pública de disidencia, en vísperas de un año electoral, tratando de generar, desde ya, una dinámica de intimidación y autocensura en los periodistas, medios de comunicación independientes y ciudadanos.
Fuente: Ciudadanos por la Libertad
