Apenas hace unos cuantos días se rememoró como cada año el evento histórico de La Expropiación petrolera en México, hecho que se celebra como la gran actuación de un presidente en defensa de la soberanía nacional y en contra de la explotación de los recursos naturales por parte de empresas extranjeras al territorio nacional.
Dejando de lado el discurso retórico del populismo nacionalista, la realidad es que tras la expropiación petrolera en México el 18 de marzo de 1938, el presidente de México en su momento, Lázaro Cárdenas del Río quien presidio lo que era básicamente una “apropiación legal” y estatización de 17 compañías extranjeras que contaban con el derecho de explotar los hidrocarburos en el territorio mexicano.
Con este mandato, sería el Estado mexicano el encargado del control, la producción y la comercialización del petróleo e hidrocarburos y solo 3 meses después se fundaría la paraestatal PEMEX (Petróleos Mexicanos), dándole el monopolio de la explotación, exploración, refinación y comercialización de este recurso.
A 86 años de la expropiación petrolera en México, esta “empresa del estado” ha sido parte fundamental de la política energética de ese país durante varios sexenios, lo que lo ha convertido en un arma usualmente empleada para legitimar la idea de que los recursos son de la nación y que estos deben ser protegidos porque son propiedad del pueblo mexicano, además de que las ganancias generadas por esta empresa estatal son destinadas para la generación de medios por los cuales las necesidades de México se satisfagan.
El capricho del gobierno de AMLO
El día 13 de febrero del 2024 el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) anunció que a esta Paraestatal se le condonarían el pago de impuestos, donde sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que emitiría un decreto que eximiría a dicha empresa paraestatal del pago del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) sobre sus ingresos de gas y crudo, así como de otro impuesto conocido como Derecho de Explotación de Hidrocarburos (DEH) durante el último trimestre del 2023, así como en enero de este año 2024.
Este <<apoyo fiscal>> dado a PEMEX suponía el usar los recursos generados por la paraestatal para 2 objetivos principalmente:
En primera instancia la posibilidad de obtener liquidez y realizar los pagos a corto plazo que arrastra la empresa estatal mexicana y en segunda instancia, el pago de las innecesarias “obras insignia del gobierno de la llamada Cuarta transformación”.
Algunas de estas “magna obras” que han formado parte del proyecto de AMLO y que serán un peso considerable para las arcas públicas, como es el caso de la refinería de Dos Bocas o el recién inaugurado Tren maya, el pasivo generado por Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) e incluso pagar a los proveedores y contratistas de todos los servicios que no puede solventar el Estado.
La deuda a proveedores paso de 149 mil 843 millones de pesos en el año 2018 a 297 mil 78 millones de pesos en 2023.
Los riesgos potenciales de mantener a PEMEX
La importancia de los pasivos generados por estas obras ha sido minimizada por la administración del gobierno mexicano actual, además del uso de la retórica y de las políticas de generación de empleo por medio del Estado.
La condonación de estos impuestos equivale a unos (5.800 millones de dólares). Curiosamente este decreto se produce tras una doble rebaja de calificación crediticia de la calificadora Moody’s de B1 a B3 que pone a la paraestatal a solo un nivel de “Especulación de alto riesgo”.
La evaluación de Moody’s responde a la falta de liquidez que tiene PEMEX, es decir, a un mayor costo de capital y a los vencimientos de su deuda a corto plazo. La paraestatal no ha logrado reducir su deuda de manera importante desde el inicio del gobierno de AMLO por lo que esta decisión solo forma parte de una serie de consecuencias basadas en privilegiar el mantener el gigantesco agujero negro que consume recursos públicos obtenidos de la deuda y de la recaudación fiscal.
“El estado no tiene incentivos para ser eficiente, no es su dinero el que gasta, es el tuyo dicho de otra forma”. – Juan Bautista Alberdi
Los mexicanos no son dueños de Gargantua
El pueblo mexicano que en papel es “dueño de la paraestatal” solo ha obtenido en estos años como ganancia una gasolina más cara y de peor calidad, básicamente la gasolina ha aumentado de precio desde diciembre de 2018 donde se encontraba en 19.3 pesos mexicanos a enero de 2024 cerca de 28 pesos mexicanos.
Dicho de otra manera, durante del gobierno actual se ha utilizado cerca de 800 millones de pesos para subsidiar a PEMEX lo que hace que la empresa petrolera del estado mexicano este gastando más de lo que genera en impuestos.
Ciertamente son los recursos de millones de mexicanos que son recaudados para mantener una empresa estatal que se ha vuelto un pozo sin fondo y que representa un gasto enorme para el gobierno mexicano y para los mexicanos, sin embargo, bajo un discurso anclado en que la autarquía es la resolución a no depender de ninguna empresa extranjera, los mexicanos solo son contribuyentes a una empresa estatal que no les pertenece.
Esto lleva a la realidad el personaje de las novelas de François Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, que al igual que la empresa petrolera del Estado Mexicano son seres gigantescos con un apetito voraz, mientras el gobierno de México vende la imagen de PEMEX como otro gigante benévolo, la realidad es que es un parasito que no deja de crecer.
La fatal arrogancia de mantener a PEMEX
AMLO se encuentra casi al final de su proceso presidencial, sin embargo, el actuar del gobierno de la llamada 4T o Cuarta Transformación, no ha hecho más que mantener su discurso defendiendo las obras del gobierno actual y el asistencialismo prestado a través de las políticas públicas enfocadas a concentrar sus grupos clientelares e incluso, se ha lanzado en contra de empresarios para aumentar la recaudación fiscal y sostener los proyectos de la 4T.
Será un verdadero reto para la administración entrante que sea elegida durante las próximas elecciones en México si cuenta con alguna solución que elimine el <<elefante en el cuarto>> que se ha negado durante tantos años en México.
Los candidatos actuales no cuentan con propuestas que pongan “a dieta al Gargantúa mexicano” mucho menos, propuestas pro libre mercado, reducción de impuestos a empresas privadas o la eliminación de la burocracia estatal innecesaria que forma parte del enorme agujero negro que es el estado mexicano.
La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez ha negado por completo alguna futura privatización de PEMEX:
“Yo lo que he planteado es modernizar a Pemex para que deje de dañar la salud de los mexicanos, que deje de contaminar y de perder dinero…que apueste por energías renovables”
En México se vislumbra un panorama gris, donde no hay opciones en las que realmente se busque reducir el tamaño del Estado y de su actuar, donde se puede afirmar que es a través del propio estado y la coacción del mismo por medio de la recaudación fiscal la que terminara por afectar a todos los individuos, desde el pequeño ciudadano de a pie, como al empresario que genera ingresos y empleos.
Por lo que las palabras de Ludwig Von Mises no deberían de caer en oídos sordos:
“Mientras más gasta el gobierno, menos puede gastar el ciudadano. Las obras públicas no se hacen con una varita mágica, son pagadas con los fondos que sustrae el gobierno a los ciudadanos”.
* Jorge Alberto Ruiz Meza es asociado de proyectos de la Sociedad Tomás de Mercado. Anteriormente ha participado con diferentes organizaciones liberales (CATO, Instituto Acton, Caminos de la Libertad, FPP y FEE). También cuenta con un Master en Gestión Pública por el Instituto Tecnológico Latinoamericano y estudió Economía y Finanzas en la Universidad del Valle de México. Actualmente es Pasante de la Fundación Internacional Bases.
Fuente: Fundación Internacional Bases
