El filósofo Frédéric Bastiat, en su obra Lo que se ve y lo que no se ve (1850), habla de que las políticas públicas buscan un objetivo. El establecimiento y continuo aumento, del conocido como salario mínimo, es la medida estrella de los autodenominados defensores de los indefensos, a la hora de luchar contra la pobreza y la desigualdad. Y por mucho que se haya mostrado y demostrado una y otra vez (véanse los distintos estudios del Banco de España), que esta medida no solo no consigue los objetivos buscados, sino más bien todo lo contrario. Seguimos empeñados en ello, ya que siempre acabamos poniendo el foco en el fin que busca una política, en vez de en lo que realmente ocurre cuando esta se lleva a cabo.
Y es que los salarios no los marca un gobierno a base de decretos, sino la oferta y la demanda del mercado de trabajo, así como el valor añadido que aporta el trabajo de cada trabajador. Es por esto último, por lo que la subida del salario mínimo siempre fracasa y acaba condenando a los más débiles.
El salario mínimo no afecta a tu amiga la ingeniera o a tu primo el abogado, el valor añadido del trabajo de estos trabajadores cualificados, es mucho más alto que el salario mínimo, por eso cobran mucho más que este y ni se enteran a que nivel está. Es a los menos cualificados, el típico amigo que dejó los estudios porque en ese momento no tenía la cabeza para ellos o por algún problema personal o por lo que sea, cuyo valor añadido de su trabajo es bajo, a quien estas subidas continuas, expulsa del mercado de trabajo y deja sin futuro.
Ejemplifiquémoslo con números: Imaginemos ese amigo sin estudios, sin experiencia laboral, joven, que pretende encontrar trabajo. El valor añadido de su trabajo será bajo, pongamos 750€, eso es lo que aporta a la empresa que le contrate. Con un salario mínimo superior a esa cifra, ninguna empresa le contrataría jamás, puesto que ¿Qué empresa contrataría a perdidas? Se quedaría en su casa, fuera del mercado laboral y totalmente estancado. En cambio, permitiendo un salario inferior, acordándolo en libertad ambas partes, nuestro protagonista podría trabajar, aprender un oficio, haciendo que el valor añadido de su trabajo creciese gracias a esa experiencia. Y en un futuro no muy lejano, podría o bien pedir un aumento, o buscar trabajo en otra empresa, ya con otras condiciones salariales, ya que sus condiciones profesionales habrían mejorado sensiblemente.
Dejando a un lado las cifras, simplemente debemos reflexionar. Si todo lo anterior se diese, ¿qué legitimidad moral tiene un gobierno, para impedir que ambas partes lleguen a un acuerdo de trabajo que satisface a ambos? Ninguno. ¿Por qué hay que consentir que el gobierno impida acuerdos libremente establecidos por los individuos?
Algunos de los defensores de esta popular medida, el salario mínimo, argumentan que trabajar por menos de lo que ellos marcan es “indigno”, pero paradójicamente, también defienden subsidios como el de desempleo, menores a esa cantidad. ¿Por qué es digno vivir sin trabajar, de un subsidio de 700€, pero no lo es trabajar por esa misma cantidad?
Además, ¿quién marca lo que es indigno? Cada persona debería elegir, a partir de que cifra considera que un trabajo es digno o indigno y rechazar todos los trabajos que quedasen por debajo se esta cifra. Con esto obtendríamos nuestro salario mínimo personal (SMP) muchísimo más justo y legítimo, que el actual salario mínimo interprofesional (SMI).
Otros defensores de estas posturas colectivistas trabajan los sentimientos. Con frases como “¿Qué familia vive con 700€ al mes?”, un argumento falaz, puesto que un salario por debajo del salario mínimo actual no tendría como objetivo que la gente viviese de él, algo prácticamente imposible, sino que muchas personas accediesen al mercado de trabajo, poniendo así la primera piedra, para sí poder conseguir un empleo con un salario que les permitiese vivir cómodamente.
A esto hay que añadir que, en muchas ocasiones, son estudiantes los que al mismo tiempo que van a clase, sacan algunas horas para realizar algún trabajo poco cualificado (en los que el SMI causa estragos) y cuyo objetivo no es vivir de ello, sino afrontar un poco más cómodamente su periodo estudiantil.
En definitiva, pese a que no pongamos en duda su buena intencionalidad, las continuas subidas del salario mínimo no tienen justificación alguna, ni moralmente, ni mucho menos por las consecuencias que acarrea, como hemos visto, desastrosas para los que en teoría pretende ayudar.
Fuente: Instituto Juan de Mariana
