Resulta por demás de llamativa la situación alrededor de la posible apertura de la cadena Yaguar en nuestra ciudad. Particularmente notable es la posición que buena parte de los empresarios supermercadistas y almaceneros rosarinos han tomado. Porque justamente, un grupo de almaceneros, la Asociación Empresaria y la Cámara de Supermercados de la ciudad parecen estar total y completamente dispuestos a convalidar y sostener una normativa que va directamente contra sus intereses y su rubro.
Nos referimos a la ley que regula las “grandes superficies comerciales” en relación a la cantidad de habitantes de la provincia. Una ley de este tipo, tenderíamos a pensar, sería fuertemente resistida por sus posibles afectados, puesto que el escenario que propone es ciertamente asfixiante –en última instancia fosiliza el rubro del supermercadismo y entorpece el accionar de los emprendedores.
Así las cosas, entonces, llama profundamente la atención que un sector cuyos derechos son violados y sus negocios injustamente afectados, defienda a su verdugo.
Por supuesto, no todas las lecturas al respecto son como la que hacemos arriba. Hay quienes proponen otra, una más “maquiavélica” si se quiere. La lectura alternativa nos dice que, en realidad, la tan mentada ley regulatoria de grandes superficies es una estratagema subrepticia de algunos actores ya afincados en el mercado provincial en general, y rosarino en particular, para impedir la entrada de nuevos jugadores. Léase, para convertir al supermercadismo de la ciudad en un “coto de caza” de unos pocos. De esta manera, afirma la versión “maquiavélica”, lo que habilita la mentada “ley” es una cartelización en los hechos, a costillas, va de suyo, de los indefensos consumidores. No sería así la inquebrantable defensa del orden legal vigente en la provincia, sino intereses espurios buscadores de rentas mal ganadas.
Personalmente, creo y espero, que esto no sea así. No obstante, es necesario admitir que la fervorosa defensa de una ley que a todas luces violenta los derechos de los supermercadistas, da asidero a la versión de quienes dicen “no quieren competir” o “son unos mercantilistas”.
En cualquier caso, para sustentar mi creencia en la buena voluntad del gremio de los supermercados tomo como aval la declaración del titular de una cadena de la ciudad difundida por Punto Biz el día 15 de marzo. En la misma podemos encontrar indicios del porqué de la defensa acérrima de la ley regulatoria.
Se afirma lo siguiente:
“La ley establece que, por la cantidad de habitantes, tendría que haber 150.000 m2 y hay 350.000. Eso hace que las ventas por m2 sean menores al punto de equilibrio y toda la cadena, entonces, es más ineficiente y por eso los precios más caros, porque alguien tiene que pagar la ineficiencia”.
Ahora podemos ver con claridad que es la confianza en la exactitud irrefutable de la proporción estipulada por la norma santafesina la que motiva la encendida defensa del supermercadismo autóctono.
No obstante, del razonamiento trascripto arriba se desprende mucho más de lo en principio parece. Pues por un lado todas las ideas económicas que comienzan, digamos, con Adam Smith y que postulan la satisfacción de las necesidades de la sociedad a partir del emprendimiento e iniciativa individuales se niegan y son reemplazadas –en lo que puede ser el comienzo de una revolución teórica en el ámbito de la economía- por la fe en la legislación provincial. Y por el otro, puesto que sería una imperdonable incoherencia impedir la llegada de Yaguar en nombre del eficientismo parcelario y, a la vez, mantener el “exagerado” e “ineficiente” metraje actual, se supone naturalmente que los empresarios ya establecidos del rubro implementarán a la brevedad un cierre masivo de bocas de expendio que “equilibre” y haga “eficaz” su sector.
