La organización de la Copa del Mundo de fútbol suele considerarse la mayor fiesta deportiva en términos de organización y logística del mundo. Aquí participan todo tipo de organizaciones, empresas, patrocinadores, federaciones deportivas y países.
Los discursos oficiales hablan repetidamente de la hospitalidad, la cooperación, apertura al turismo y, obviamente, la integración cultural. Durante unas semanas, ciudades enteras se preparan para recibir visitantes; el talento deportivo cruza fronteras con mucha naturalidad y miles de contratos privados se coordinan desde transmisiones, ventas, transporte y mercancía.
En ese esquema, pocas cosas resultan más impensables que escuchar sobre impuestos a los jugadores. Cuando pensamos en el fútbol, imaginamos goles, emociones y mercados globales de talento. No pensamos en formularios, declaraciones y tasas de retención.
Pero ahora, en la antesala del Mundial 2026, México ha introducido en su miscelánea fiscal (Díaz, 2026) una disposición para gravar los ingresos que obtengan los futbolistas por los partidos jugados en territorio nacional, lo que marca un giro poco habitual en la práctica de este tipo de eventos.
El mercado, el orden espontáneo y el ingreso del futbolista
¿Por qué los futbolistas ganan demasiado dinero?
La pregunta anterior parte de un error de enfoque sobre cómo funciona la economía. Los salarios de los deportistas no surgen de un diseño moral centralizado, sino de millones de decisiones dispersas, como lo son:
- Audiencias que pagan suscripciones.
- Marcas que compiten por patrocinar.
- Aficionados que compran camisetas.
- Plataformas que invierten en derechos de transmisión.
Sería Adam Smith quien explicaría que la cooperación social no descansa en la benevolencia de las personas, sino en el intercambio voluntario (Smith, 1776). Es aquí donde enmarcamos que el mercado vuelve eficiente los procesos de coordinación y organización de los agentes hacia aquello que consideran que es valioso, y que a su vez les permite enriquecerse.
En este sentido, los salarios y ganancias de los futbolistas responden a patrones de coordinación espontánea del mercado, no a determinaciones morales centralizadas.
A esta coordinación y organización de todas las decisiones, Hayek la llamó orden espontáneo (von Hayek, 2013), una institución social donde converge todo el conocimiento fragmentado y que es imposible de centralizar para producir coordinación.
Bajo esta lógica, los ingresos extraordinarios no son un error moral, sino una señal que condensa la información sobre las preferencias en audiencias globales, tecnologías y la disposición a pagar por ellas.
Por lo que preguntar si el jugador “merece” ganar esa cantidad de dinero equivale a exigirle a la economía que responda a criterios distintos a aquellos que le permiten funcionar, bajo esta luz, cuestionar la inmensidad de los ingresos no es tanto un debate moral sino un malentendido sobre cómo funcionan realmente los mercados.
Y es precisamente esta visibilidad— más que cualquier juicio ético— lo que despierta la tentación fiscal.
La tentación estatal: legitimación y extracción
Los ingresos elevados no solo llaman la atención del público, sino también del Estado. En contextos de tensiones distributivas, el deportista se convierte en una suerte de símbolo, y el Estado actúa fiscalmente sobre él, enviando el mensaje de que nadie es inalcanzable.
Aquí la política tributaria deja de ser puramente técnica. Entra en el terreno de la pedagogía del poder que nos invita más a preguntarnos sobre el uso de las capacidades de fiscalización del Estado en cuanto hay un ejemplo visible de crecimiento económico y que además funciona como un mecanismo de legitimación de victoria política.
Murray Rothbard insistía en que el impuesto es también una demostración de poder. Gravar públicamente a individuos prominentes comunica alcance, y para estos efectos, un Mundial multiplica esa audiencia.
Este cálculo adquiere especial fuerza en economías con alta informalidad como el caso de México. Una parte significativa de la actividad permanece fuera del radar tributario, de modo que la autoridad tiende a concentrarse en quienes no pueden ocultarse. El Mundial ilumina de manera excepcional a ciertos contribuyentes y potenciales contribuyentes.
El contexto mexicano: Recaudar sin reformar
A este escenario se suma una estructura presupuestaria cada vez más rígida. El crecimiento de compromisos permanentes en pensiones, transferencias y grandes proyectos de infraestructura reduce el margen de maniobra del gobierno federal y vuelve políticamente más compleja cualquier estrategia basada en recortes.
Bajo estas condiciones, ampliar bases gravables existentes o identificar contribuyentes de alta visibilidad se convierte en una alternativa institucionalmente atractiva.
La medida de gravar futbolistas— establecida en la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 (Servicio de Administración Tributaria, 2025)— dispone que los jugadores extranjeros estarán sujetos a un impuesto de 25% del Impuesto sobre la Renta (ISR) sobre el ingreso bruto atribuible a los partidos disputados en México, sin deducciones automáticas.
En cambio, para los jugadores residentes en el país, la legislación del ISR—con tarifas progresivas— aplicará sobre los ingresos derivados de su participación en el torneo (Cámara de Diputados, 2021). Por ejemplo, si un futbolista participa en un total de 6 partidos en el Mundial y 2 ocurren en México, sólo una proporción equivalente de sus ingresos totales será gravada a la tasa del 25 % en el país anfitrión.
Bajo un escenario conservador, si 13 partidos se juegan en México y cada jugador recibe un ingreso bruto promedio de 50 mil dólares por partido, la recaudación potencial por el impuesto del 25 % de ISR sería de aproximadamente 4 millones de dólares (sin contar que la medida afecta al cuerpo técnico de las selecciones, árbitros y especialistas extranjeros con actividades derivadas del evento) (Infobae, 2026).
Aunque esto no es una cifra oficial, da una idea de la escala de ingresos tributarios asociada exclusivamente a jugadores, y es marginal frente al impacto total del Mundial que se estima en miles de millones de dólares para la economía mexicana.
Aun así, para poner esta medida en perspectiva, estudios como los de Deloitte proyectan que el torneo podría generar más de 2700 millones de dólares en impacto económico durante su celebración en territorio mexicano, además de la creación de unos 100 mil empleos (Forbes, 2026).
Como han mostrado James Buchanan y Anthony Downs, los responsables de la política pública enfrentan incentivos que los llevan a preferir medidas con bajo costo electoral y alta rentabilidad simbólica. Concentrar la carga en actores con escasa capacidad de respuesta política reduce riesgos internos, mientras permite proyectar eficacia recaudatoria ante el electorado.
Mercado global y competencia regulatoria
Pero las decisiones fiscales tienen efectos más allá de aquellos que son a corto plazo. El deporte profesional opera en un enorme mercado globalizado donde jugadores y patrocinadores evalúan jurisdicciones. La estabilidad normativa, la facilidad administrativa y el trato regulatorio pesan en las decisiones de carrera e inversión de cada uno de los deportistas.
Así que un entorno que penaliza la participación temporal puede enviar señales a actores que evalúan futuras colaboraciones, presencia en torneos o sedes de actividad económica constante.
Desde el punto de vista de los incentivos, la medida resulta comprensible. Los costos políticos de gravar a un deportista de élite extranjero son menores que los de reformar impuestos que afectan directamente a millones de votantes. La concentración del impacto reduce la resistencia y maximiza el rendimiento simbólico.
Así, el torneo deja de ser únicamente un acontecimiento deportivo para convertirse en una oportunidad de reafirmación jurisdiccional.
Cuando el mercado del deporte responde al Estado
La evidencia internacional nos sugiere que las decisiones tributarias aplicadas a espectáculos globales rara vez quedan en papel, y esto es porque los incentivos cambian comportamientos de consumo.
En el caso del Mundial de Alemania 2006 no se documentan exenciones amplias para participantes; por el contrario, años después la Federación Alemana de Fútbol enfrentó sanciones judiciales por controversias fiscales vinculadas a pagos relacionados con la organización del torneo, lo que muestra que la dimensión tributaria permaneció políticamente activa (Reuters, 2025).
En el Mundial de Sudáfrica 2010, el gobierno estableció facilidades tributarias para la estructura operativa de la FIFA, incluyendo exenciones aduaneras en áreas vinculadas al torneo. Al mismo tiempo, la legislación mantuvo retenciones aplicables a ingresos de deportistas no residentes por actividades realizadas en el país (Times Live, 2010).
En el Reino Unido, la aplicación de impuestos a deportistas no residentes— incluyendo porciones de contratos de patrocinio atribuibles a los días de competencia— generó debates públicos y presiones por parte de federaciones y organizadores, lo que finalmente llevó al gobierno británico a introducir exenciones específicas antes de los Juegos Olímpicos de 2012.
La discusión escaló a tal punto que, antes de los juegos olímpicos de Londres de 2012, el gobierno introdujo exenciones específicas para garantizar la participación de atletas de alto perfil (HM Revenue & Customs, 2016).
En Estados Unidos, el llamado Jock Tax aplicado por distintos estados llevó a que representantes y equipos incorporan explícitamente la variable fiscal dentro de negociaciones salariales y decisiones comerciales (Allyn International, s.f.).
En la India existieron distintos intentos de aplicar marcos tributarios a organismos deportivos internacionales que derivaron en controversias legales y renegociaciones contractuales.
Los contextos son distintos, pero el patrón se repite: cuando la carga fiscal aparece como sorpresiva o particularmente onerosa, los participantes presionan, recalculan o buscan compensaciones. La potestad de gravar permanece intacta, pero ejercerla tiene consecuencias sobre la cooperación.
Comparando con estas experiencias, el caso del mundial es singular por su doble lógica, por un lado, exenciones para quienes organizan el evento y, por otro lado, gravámenes específicos para quienes participan como protagonistas.
Lo que se celebra y lo que se afirma
El Mundial de Fútbol es una de las expresiones más impresionantes de cooperación voluntaria a escala global. Millones de decisiones que están dispersas se organizan y cooperan a través de acuerdos voluntarios y preferencias individuales que coordinan un espectáculo. En términos hayekianos, coordinación sin director.
Y, sin embargo, mientras esa red global de cooperación voluntaria produce estadios llenos, audiencias planetarias y flujos comerciales que nadie podría planificar de manera centralizada, la autoridad política observa el mismo fenómeno desde otra óptica.
Donde el mercado ve intercambio, el Estado detecta una base gravable.
Los antecedentes internacionales muestran además que este tipo de decisiones no son neutras. En otras jurisdicciones, medidas similares derivaron en presiones, renegociaciones, excepciones o ajustes de comportamiento por parte de atletas y organizaciones. La cooperación global continuó, sí, pero con costos que nadie ignoró.
Por eso la discusión rebasa el fútbol. Lo que está en juego es qué imagen institucional deja el país ante el mundo, la de un anfitrión que facilita la cooperación global o la de una jurisdicción que, en el momento de mayor visibilidad, prioriza ejercer su potestad de extracción.
Cuando el torneo termine, las luces se apaguen, los estadios se vacíen, esa señal seguirá ahí. Mucho después de que olvidemos quién levantó la copa.
* Jorge Alberto Ruiz Meza es asociado de proyectos de la Sociedad Tomás de Mercado. Anteriormente ha participado con diferentes organizaciones liberales (CATO, Instituto Acton, Caminos de la Libertad, FPP y FEE). También cuenta con un Master en Gestión Pública por el Instituto Tecnológico Latinoamericano y estudió Economía y Finanzas en la Universidad del Valle de México. Actualmente es Research Fellow de la Fundación Internacional Bases.
Fuente: Fundación Internacional Bases
