La monotonía de noticias relacionadas siempre con el coronavirus y la cuarentena se rompió esta semana con la decisión del gobierno de expropiar la empresa Vicentín, un gigante del sector agrícola, dedicado principalmente a la exportación de granos.
La empresa en cuestión no goza de buena salud. Un elevado endeudamiento en dólares en un contexto de megadevaluaciones y caída de las exportaciones a nivel global la llevaron a la convocatoria de acreedores, de manera de encontrar una solución para su deuda, estimada en alrededor de $AR 100.000 millones.
Entre los acreedores de Vicentín está el Banco Nación, con $AR 18.000 millones, pero también 2600 proveedores, entre personas y empresas, y otras entidades financieras. El holding agrícola cuenta, además, con 6.000 empleados.
Así que, de no llegarse a un acuerdo, la empresa podría declararse en quiebra, dejando 6.000 familias en la calle y 2.600 proveedores en una delicada situación económica. Estos motivos fueron suficientes para que el presidente Fernández anunciara su voluntad de expropiarla.
La idea es que ésta pase a manos del estado, con el fin de “rescatarla”, manteniendo los puestos de trabajo, pagándoles a los proveedores y -de paso- reorientando su producción para aumentar el control sobre el mercado de granos y alimentos.
Si bien algunos de estos motivos pueden lucir atractivos, lo cierto es que existen al menos tres poderosos argumentos para rechazar la expropiación.
Propiedad Privada
Uno de los pilares del sistema capitalista es la inviolabilidad de la propiedad privada. Propiedad privada implica que el dueño de una cosa tiene derecho a decidir qué hace con la cosa con el criterio que encuentre más conveniente.
Si vos sos dueño de tu auto, decidirás de qué color pintarlo, a dónde llevarlo a lavar, a qué mecánico contratar y en qué volumen escuchar la música. Análogamente, el dueño de una empresa tiene derecho a contratar los empleados que quiera, a vender el producto que quiera, al precio que quiera, y en la calidad que quiera, siempre y cuando eso sea compatible con las necesidades del mercado.
Este último punto no le quita libertad, sino que solamente alinea sus incentivos. Si el empresario desea generar ganancias, su mejor alternativa será poner su emprendimiento al servicio de los consumidores.
El capitalista también podría elegir vender su compañía. Son incontables los casos en donde esto ocurre. En la bolsa de valores, por ejemplo, estas transacciones se dan mediante la compra-venta de acciones. Si una empresa pasa de manos de forma total, entonces eso quiere decir que los actuales accionistas venden su participación a un nuevo accionista mayoritario, que ahora controlará el destino de la compañía. En otro tipo de sociedades, ocurre lo mismo, solo que con mecanismos distintos.
Expropiar una empresa, en este sentido, es una directa violación de la propiedad privada. Es cierto que la expropiación, por lo general, viene seguida de una indemnización, pero el hecho de tener que indemnizar a su legítimo propietario revela que se ha cometido un acto contra su voluntad.
Así, y a primera vista, la expropiación de Vicentín va contra la voluntad de sus accionistas – que estaban buscando continuar al mando de la empresa tras salir de la convocatoria de acreedores- y envía un mal mensaje a todo inversor (si queda alguno) que esté pensando en Argentina como destino posible.
“Si la propiedad privada de Vicentín no se respeta, ¿por qué se respetará la mía?”, pensarán los inversores. Si esto ocurre, obviamente, caerá la inversión, y con ella se reducirá el crecimiento económico, lo que llevará a un aumento de la tasa de pobreza.
Socialización de pérdidas
Otro pilar fundamental de la economía capitalista es que, derivada de la propiedad privada, aparece la responsabilidad individual por esa propiedad.
Es que, como decíamos antes, si el capitalista quiere generar ganancias en una economía de mercado, deberá buscar satisfacer las necesidades de los consumidores. Y si este no es el caso, entonces lo mejor desde un punto de vista social es que la empresa se cierre.
¿Por qué esto es así? Porque si lo que la compañía produce no está en línea con las demandas de los consumidores, eso quiere decir que existen recursos valiosos (máquinas, empleados, capital financiero, etc.) que están siendo quitados de otros sectores más valorados para ir a parar a un sector que nadie realmente valora.
Las pérdidas empresariales, en este sentido, son el mejor indicador de que la compañía debe o bien mejorar el valor que está ofreciendo al cliente, o bien cerrar y dejar paso a otro para que lo haga.
El gobierno puede interferir con este proceso socializando las pérdidas. Es decir, permitiendo que éstas, en lugar de ser soportadas por los accionistas, se trasladen a los contribuyentes.
Las formas de esta socialización pueden ser múltiples. Por ejemplo, el gobierno podría utilizar un Banco Público no sujeto a as leyes del mercado para dar un crédito a una empresa con dificultades financieras. Otra forma sería la expropiación, donde las pérdidas ahora pasan a formar parte de la contabilidad del Tesoro.
¿Suena familiar? Claro, porque ambas cosas se hicieron con Vicentín. En primer lugar, el macrismo le otorgó dinero público mediante el Banco Nación. En segundo, el kirchnerismo quiere expropiarla, lo que implica necesariamente asumir el pasivo de la organización.
Déficit fiscal y crisis
La socialización de pérdidas no solo destruye los incentivos de una economía de mercado para que los productores hagan eso que beneficia a los consumidores. Además, pone en peligro la estabilidad macroeconómica.
Como explican Llach y Gerchunoff en su obra “El Ciclo de la Ilusión y el Desencanto”, durante la década de los ’80, el llamado “Estado Productor” generaba gastos por hasta 6,6% del PBI. Además:
“Si se suma a esta última cifra el déficit de las empresas públicas, cuyo promedio para el período 1980-1986 puede estimarse en 3,4% del PBI, se llega al total de 10% del producto. En otras palabras, sin empresas estatales y sin subsidios a la producción privada, las cuentas públicas mejoraban a tal punto que cambiaban un abultado déficit cercano al 7% del PBI por un holgado superávit de 3%”
No es necesario recordar que el elevado déficit público de esa época llevó también a la peor crisis inflacionaria de la historia.
Hasta abril de este año, el déficit fiscal acumulado era de $ 590.000 millones. Si la deuda de Vicentín es de $ 100.000 millones, entonces la expropiación implica un aumento del 17% en un desequilibrio fiscal que viene disparándose respecto del año anterior.
Para ir cerrando, la expropiación de Vicentín no solo viola la propiedad privada y distorsiona los mecanismos del mercado, sino que, además, amenaza con agravar una crisis económica que ya iba a ser de proporciones imaginadas.
Fuente: Los Mercados
