El Presidente Biden anunció que todos los empleados públicos deben vacunarse en contra del COVID-19 o enfrentarse a una posible terminación de su contrato. Estos no estarán exentos del requisito si están de acuerdo con realizarse pruebas frecuentes.
La administración también anunció que será obligatorio para todas las empresas con 100 o más empleados a requerir que sus empleados se vacunen o se realicen pruebas semanales de COVID. Finalmente, utilizó su autoridad para obligar a todos los hospitales que reciben fondos de Medicaid o Medicare vacunen a sus trabajadores.
No creo que el gobierno tiene el derecho de obligar a los individuos a vacunarse. Sin embargo, los empleados tienen el derecho de requerir que sus empleados se vacunen. Así como los propietarios de negocios tienen derecho de decirle a los clientes “Sin camisa y sin zapatos, no hay servicio”, también tienen el derecho de decir “sin vacuna, no hay servicio”. El mismo principio se aplica en términos de empleo. Esta es una extensión de los derechos de propiedad y del derecho a la libertad de asociación. Por lo tanto, no tengo ningún problema, en principio, con el gobierno requiriéndole a sus propios empleados que se vacunen.
No soy un experto legal o constitucional, pero sospecho que el gobierno federal probablemente puede usar una estrategia de tácticas suaves y duras con los establecimientos de cuidados médicos que reciben fondos federales de Medicaid y Medicare porque ha utilizado el financiamiento federal en el pasado para obtener la obediencia de los estados y gobiernos locales. Pero no puedo opinar acerca de la constitucionalidad de que el gobierno federal obligue a los negocios privados a requerir que sus empleados se vacunen o realicen pruebas de COVID. Me refiero en este asunto a mis colegas que son expertos en esta área.
Dejando a un lado las cuestiones legales, encuentro desalentador que la administración de Biden está ignorando el papel de la inmunidad natural. Varios estudios, incluyendo este reciente de Israel, muestra a las personas con infecciones anteriores de COVID-19 adquieren inmunidad que es igual o superior que aquella que tienen los individuos con inmunidad inducida por la vacunación. Por esta razón Israel, el Reino Unido, y la mayoría de los países europeos le dan pases de entrada a las personas que demuestran que tuvieron una infección anterior de COVID-19 en lugar de una vacuna.
Muchos investigadores creen que las personas con inmunidad natural no necesitan vacunarse o, en el peor de los casos, solo necesitan una, no dos vacunas mRNA. De manera que la orden presidencial no toman en cuenta nada de esto. Uno de los problemas con las ordenes de arriba hacia abajo es que no toman nada de esto en cuenta. Uno de los problemas con las ordenes desde arriba es que no matizan muy bien.
La orden presidencial acerca de los empleados estatales y privados también es poco probable que hagan que los que se resisten a vacunarse cambien de opinión. Me preocupa que esto tenga el efecto contrario, provocándoles que se endurezcan y busquen alivio en el creciente mercado negro de certificados de vacunación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), muchos de estos siendo falsificados. Las empresas podrían acabar teniendo un número significativo de sus trabajadores sin inmunidad y arriesgándose a que se esparza el virus a los compañeros de trabajo.
Las vacunaciones son la medida de reducción de daño más eficaz dentro de la caja de herramientas para combatir el COVID-19. Deberíamos alentar y convencer a las personas que todavía no han adquirido inmunidad a que se vacunen. Pero la más reciente estrategia del presidente es demasiado dura y podría ser contraproducente también.
Fuente: El Cato
