Hay algo recurrente en América Latina cuando la economía no crece, en lugar de discutir sobre capital, productividad o inversión, se discute sobre el reloj. Es entonces cuando quienes toman decisiones desde el poder, deciden que bajo la idea de la lucha obrera y el cumplimiento de acuerdos sindicales se aprueben leyes que supuestamente velan por el interés común.
México en este llamamiento a la lucha obrera, se encuentra entre los países de la OCDE con mayor número de horas trabajadas anualmente, superando ampliamente el promedio de 1,746 horas registrado por la propia organización (OECD, 2024).
Hasta hace unos días, donde se aprobó una jornada laboral de 48 a 40 horas semanales (Gobierno de México, 2026), mientras que Argentina, en sentido inverso, se habilitaron esquemas laborales que permiten jornadas de hasta 12 horas en medio de huelgas masivas (El País, 2026), a primera vista parecen políticas opuestas—una reduce, la otra amplía—.
¿Pero cuál hace qué cosa? Y en especial ¿Qué libera más al individuo?
El salario y el producto marginal
La narrativa de la reforma a la ley laboral mexicana es atractiva, básicamente nos invita a trabajar menos para vivir mejor (lo que sea que el Estado crea que eso signifique). Por lo tanto, en su búsqueda de equipararse a estándares internacionales y reconocer supuestas luchas sociales que tienen que ver con el mercado laboral, dicha lucha se ha decretado como ley.
¿Quién puede oponerse al descanso, al equilibrio vida-trabajo, a la dignidad?
En una economía como la de México donde más de la mitad de la fuerza laboral opera en la informalidad de acuerdo con datos recientes del INEGI, este mercado laboral en México alcanza el 54.9 % de la población ocupada, lo que pone a más de 33 millones de personas en ese mercado (INEGI, 2024).
Además, aunque representa más de la mitad de la población empleada, este sector aporta solo alrededor del 24.4 % del PIB (INEGI, 2024), reflejando su menor productividad relativa. Si el salario por ley se mantiene y las horas disminuyen (como en esta reforma), el costo por hora trabajada tendería a aumentar, pero si el salario se ajusta proporcionalmente, el ingreso del trabajador tendería a disminuir.
Analicemos un ejemplo sencillo:
Un trabajador formal en México trabaja 48 horas semanales y recibe un salario mensual equivalente a 12,000 unidades monetarias.
Eso implica aproximadamente 3,000 por semana, con un costo por hora de 62.5 por hora. Si la jornada se reduce a 40 horas y el salario mensual se mantiene en 12,000, el costo por hora pasa a 75 por hora. Entonces el costo laboral por hora habrá aumentado en un 20%.
¿Qué sucede si la productividad por hora no aumenta 20%?
Desde la lógica de Ludwig Von Mises, el empleador no puede pagar sistemáticamente por encima del valor marginal del producto sin erosionar su rentabilidad—es decir, sin perder dinero—. El ajuste puede venir desde de tres vías, las cuales son la reducción de contratación, aumento de precios y la sustitución por capital cuando sea posible.
El cálculo que no se discute en la ingeniería social
En una economía con alta informalidad como es el caso de México, el efecto más probable que veremos es el desplazamiento hacia la informalidad, por lo que el mercado laboral no es un tablero estático que este exento de la coordinación del mercado.
Además, existe una exclusión marginal que no se suele tomar en cuenta que afecta al trabajador menos calificado, al joven que busca su primer empleo y al pequeño empresario que opera con márgenes estrechos de ganancia. Si la productividad por hora no aumenta también en 20% (como en el ejemplo) el empleador enfrenta un desajuste entre costo y producto marginal.
En mercados competitivos, el salario sostenible no depende de la voluntad normativa sino de la productividad marginal del trabajo dentro de una estructura de capital determinada y de hecho fue la idea desarrollada con precisión en Human Action (von Mises, 1949), donde explica que el nivel salarial está condicionado por el valor que el trabajador aporta en el margen, valor que a su vez depende de la cantidad y calidad del capital que respalda su actividad productiva.
La discusión pública suele omitir este cálculo porque obliga a trasladar el foco desde el deseo normativo hacia la estructura productiva real. Pero ignorarlo no elimina sus consecuencias.
México y su estructura no transformable
Como se mencionó antes, de acuerdo con datos de la OCDE, la productividad por hora trabajada en México se encuentra muy por debajo del promedio de las economías desarrolladas, mientras países como Alemania o Países Bajos registran menos horas trabajadas anualmente, producen significativamente más por hora.
En el caso alemán, la productividad por hora es más del doble que la mexicana. Según la OCDE, México registra unas 2,207 horas trabajadas por trabajador al año, mientras Alemania apenas 1,343 horas (OECD, 2024), logrando más del doble de productividad por hora, por lo que la diferencia no radica en la intensidad del esfuerzo sino en la densidad de capital que acompaña cada hora trabajada.
Esta relación fue analizada por la escuela austríaca desde el siglo XIX en Principles of Economics (Menger, 1871) y desarrollada sistemáticamente en Capital and Interest (Bawerk, 1890).
Böhm-Bawerk mostró que los procesos productivos más largos e indirectos —financiados mediante ahorro previo— permiten una mayor productividad del trabajo, dicho de otra manera, el capital no es simplemente dinero; es maquinaria, tecnología, organización empresarial y conocimiento incorporado en procesos más complejos. Sin esa base, el tiempo adicional o reducido altera poco el rendimiento por hora.
En las economías que hoy trabajan menos horas, la reducción de la jornada fue una consecuencia del crecimiento sostenido, no su causa. Primero se aumentó la productividad gracias a la acumulación de capital y posteriormente fue posible reducir horas sin sacrificar ingreso real.
México, a diferencia de Argentina, intenta acortar el camino de una manera errónea, es decir, que con esta reforma se busca que la jornada laboral se reduzca en tiempo sin haber transformado previamente la estructura productiva que la hace sostenible.
Argentina, libertad contractual bajo inestabilidad monetaria
Argentina ha optado por permitir jornadas de hasta 12 horas mediante acuerdo entre empleador y trabajador. Desde el punto de vista normativo, esta política es más consistente con la libertad contractual, pues reconoce que las partes poseen información específica sobre su situación productiva y que les permiten organizarse de mejor manera.
La dimensión epistemológica de este enfoque la podemos encontrar en el ensayo The Use of Knowledge in Society (Hayek, 1945). Hayek sostuvo que el conocimiento relevante para la coordinación económica está disperso entre individuos y no puede concentrarse en una autoridad central.
Una jornada uniforme presupone que el legislador puede determinar una duración óptima aplicable a millones de realidades heterogéneas. La flexibilidad contractual, en cambio, admite variabilidad según sector, región y nivel de capitalización.
Sin embargo, el contexto argentino se introduce un condicionante importante, es decir, la inestabilidad monetaria, la inflación anual interanual en 2023 alcanzó 211.4 % (INDEC, 2024), generando un contexto de erosión constante del poder adquisitivo. En 2025, aunque la inflación se desacelera a alrededor del 31.8 %, sigue afectando la planificación empresarial y el ahorro (INDEC, 2025).
Durante años, la moneda ha perdido su función como reserva de valor y unidad confiable de cálculo, por lo que, en tales condiciones, la coordinación Inter temporal —ahorro, inversión, planificación empresarial— se ve profundamente afectada.
Trabajar más horas puede convertirse en una reacción defensiva frente a la erosión del poder adquisitivo, pero esa reacción no sustituye la necesidad de capital ni corrige las distorsiones del cálculo económico.
El objetivo declarado de la reforma en Argentina es introducir previsibilidad para empresas y trabajadores, en un mercado laboral caracterizado por la informalidad donde se calcula que entre 43% y 44% de la población ocupada está en la informalidad, es decir, 4 de cada 10 empleados o lo que es igual a un aproximado de 5,6 millones de personas (Infobae, 2026).
Lo que es innegable es que la política argentina es conceptualmente superior a la fijación uniforme en México porque respeta la descentralización del conocimiento, el cálculo de las indemnizaciones por despido y acuerdo descansos del trabajador.
Esto en términos conceptuales significa: menos intervención estatal, más libertad contractual y un marco legal que incentive el empleo formal y el crecimiento a largo plazo.
La diferencia esencial
Entre ambas políticas existe una diferencia conceptual que no debe diluirse en una falsa simetría.
La reforma argentina, al permitir que las partes acuerden jornadas más extensas, se aproxima con mayor coherencia al principio de libertad contractual y al reconocimiento hayekiano de que el conocimiento relevante para la coordinación económica está disperso entre individuos concretos.
No existe una jornada óptima universal; existen estructuras productivas distintas, grados de capitalización heterogéneos y preferencias individuales diversas.
La reducción obligatoria en México parte de una premisa distinta, donde el legislador cree que puede determinar supuestamente cual es la configuración temporal adecuada para millones de relaciones laborales, independientemente de sus diferencias sectoriales y del nivel de productividad que las respalda.
Esto implica atribuir a la autoridad central un conocimiento que, en realidad, se encuentra fragmentado en la experiencia particular de empleadores y trabajadores. Ahora bien, reconocer esta superioridad conceptual de la flexibilidad contractual no implica ignorar el condicionante de la inestabilidad monetaria estructural que pesa sobre Argentina.
Una economía con inflación crónica distorsiona el cálculo intertemporal y dificulta la acumulación sostenida de capital. Sin estabilidad institucional y monetaria, incluso un marco contractual más amplio opera bajo restricciones severas.
Lo decisivo, en cualquier caso, no es la ingeniería normativa del tiempo sino la estructura productiva que respalda cada hora trabajada. Como sostuvo Ludwig von Mises en Human Action, el aumento permanente de los salarios reales depende del incremento del capital invertido por trabajador.
Las economías que hoy exhiben jornadas más cortas alcanzaron esa situación como resultado de procesos prolongados de acumulación, inversión y mejora en la productividad, no como consecuencia de decretos orientados a modificar el reloj.
El progreso no surge de acortar o alargar jornadas, sino de transformar la estructura productiva que da sentido a cada hora trabajada, algo que solo ocurre cuando las fuerzas económicas pueden coordinarse con libertad, mientras la libertad avanza en Argentina en México parece retroceder.
* Jorge Alberto Ruiz Meza es asociado de proyectos de la Sociedad Tomás de Mercado. Anteriormente ha participado con diferentes organizaciones liberales (CATO, Instituto Acton, Caminos de la Libertad, FPP y FEE). También cuenta con un Master en Gestión Pública por el Instituto Tecnológico Latinoamericano y estudió Economía y Finanzas en la Universidad del Valle de México. Actualmente es Research Fellow de la Fundación Internacional Bases.
Fuente: Fundación Internacional Bases
