Por Carolina M. Solórzano*
Una prioridad para los gobiernos latinoamericanos son los niveles de penetración social y política del crimen organizado. Es conocido que en Colombia, México, Venezuela o Brasil registran altos índices de violencia como efecto de grupos delictivos, sin embargo, no son los únicos países afectados por el fenómeno.
Episodios trágicos como la Masacre de Allende en el 2011 (Coahuila, México) han dejado claro el poder que tienen los grupos delictivos en zonas donde el Estado ha fallado en su propósito de brindar seguridad. No obstante, la problemática se vuelve más compleja cuando el Estado decide tomar acciones sobre la delincuencia organizada. Un ejemplo es el Plan Colombia que tuvo como objetivo disminuir el cultivo de coca, homicidios y disolución de cárteles. Este proyecto impulsó una guerra contra las drogas que llevó al país a las cifras de muertes violentas más altas en la región y cambió cualitativamente el tipo de violencia que los grupos delictivos ejercían sobre sus víctimas. El plan tuvo resultados positivos y negativos: luego de registrar muertes violentas de alrededor de 80 por cada 100 mil habitantes en 1991, actualmente registra 26.8; sin embargo, el cultivo de coca y heroína aumentó no sólo en este país, sino que se intensificó en la selva amazónica, permitiendo una migración narco-delictiva y estableciéndose a finales de los noventas en países como Perú, Venezuela, Ecuador y Paraguay.
En los últimos años, la crisis de la Covid-19 impactó en la economía del crimen organizado. La cadena de proceso para el cultivo de estupefacientes y la trata de personas se vieron afectadas durante la pandemia debibo a que los gobiernos destinaron mayor presupuesto al sistema de salud y al traspaso a la modalidad virtual en los sistemas públicos. También porque a las Fuerzas Armadas se les otorgó otras competencias distintas a seguridad como precautelación del sistema de salud, cierres y vigilancia de fronteras, y entrega de medicinas y donaciones. Estas decisiones políticas permitieron a los grupos delictivos ingresar a zonas con poca intervención estatal y administrar los problemas sociales y económicos, mientras ganaban territorios para el cultivo o el tráfico de drogas.
Estas acciones conllevan, en algunos países y zonas determinadas, a un enfrentamiento entre bandas por disputa de territorios. Insight Crime enfatiza la compleja situación de Ecuador debido a que es el único país en la región en donde el crimen organizado avanzó a pasos agigantados en la toma de territorios, motines carcelarios, posicionamiento de cárteles y un incremento de homicidios. En lo que va del 2022 Ecuador registró un total de 2.464 asesinatos, casi duplicando la cifra del 2021. Perú, por su parte, reportó un incremento de asesinatos a líderes indígenas que viven en las comunidades amazónicas; la disputa por terrenos para el cultivo de coca es uno de los motivos de los homicidios en esta zona. Chile también se ve amenazado por las actividades de los cárteles como el avistamiento de narco funerales de reconocidos carteles mexicanos y colombianos.
Ante el crecimiento de este fenómeno que afecta a la región, los gobiernos de países de Centroamérica y Sudamérica han solicitado una intervención por parte de los Estados Unidos en las zonas de mayor conflicto como una iniciativa para mitigar el impacto que el crimen organizado tiene. No obstante, la respuesta parece no ser tan simple como instaurar un nuevo Plan Colombia. El doctor Héctor Hernández, investigador de la UNAM, ha analizado los diferentes factores asociados a los homicidios en América Latina. En la revista Notas de población de la CEPAL, publicó un artículo académico analizando los motivos que llevan a las personas a involucrarse en estos grupos delictivos. Con respecto al mercado laboral, los resultados arrojan que “el incremento o disminución en las tasas de homicidios se dan indistintamente de los niveles de empleo juvenil”. Marcelo Bergman explica que “no es el desempleo, sino la calidad y tipo de empleo lo que mejor explica […] la actividad delictiva”. Aquellos que roban lo hacen para completar un ingreso escaso. Variables como la escolaridad y la alta desigualdad están correlacionadas con el enrolamiento juvenil en grupos delictivos y con un incremento en la tasa de homicidios. La pobreza multidimensional, no únicamente la de ingresos, y la desigualdad perpetúan el ciclo económico del crimen organizado.
Los gobiernos de la región deben implementar estrategias de seguridad entre países. En vez de implementar un Plan Colombia exclusivo para un país, deberían involucrar a todos los países de la región y trabajar en conjunto. Además, cada país deberá fortalecer su Estado de Derecho de manera integral en las áreas que presentan mayor correlación con el incremento de homicidios y enrolamiento a grupos delictivos. En efecto, el Estado debe implementar políticas públicas en materia de educación, mercado laboral, desigualdad y Estado de Derecho. Solucionar las problemáticas socio-económicas internas de cada país es crucial para que el crimen organizado no avance en la región.
* Carolina M. Solórzano es actualmente Pasante de la Fundación Internacional Bases
Fuente: Fundación Internacional Bases
