El proyecto de ley de infraestructura bipartidista tiene una nueva fecha límite, el 31 de octubre, pero todavía se plantea una cuestión importante: ¿Por qué un proyecto de ley «imprescindible», aparentemente concentrado en la infraestructura de los Estados Unidos, decide el destino de las criptomonedas?
La sección en cuestión
Si se avanza en el proyecto de ley de infraestructuras hasta la página 2.419, se encontrará la sección 80603, en la que dos curiosas disposiciones consiguen poner patas arriba el sector de las criptomonedas. La primera modifica el Código de Impuestos Internos (IRC) para redefinir el término «corredor» de modo que incluya a «cualquier persona que se encargue de prestar regularmente cualquier servicio que efectúe transferencias de activos digitales en nombre de otra persona». En pocas palabras, esto requiere no sólo que empresas de intercambio como Coinbase o Robinhood reporten información personal al gobierno, sino que también lo hagan los mineros y programadores.
Si bien esta extralimitación es motivo de objeción en sí misma, se ve agravada por el hecho de que exige un estándar de información imposible.
Los mineros pueden «efectuar transferencias», pero no es porque alguien les haya contratado personalmente para hacerlo. Más bien, simplemente están haciendo su parte para validar el blockchain, y el propio blockchain está disponible públicamente. El gobierno puede, al igual que cualquier otra persona, ver la información limitada que tienen los mineros.
En el mejor de los casos, este requisito representa una incomprensión fundamental de la industria de las criptomonedas en el Congreso. En el peor de los casos, establece una prohibición de facto sobre la minería y otras actividades rutinarias de la industria.
Avanza un par de páginas más y verás cómo las cosas empeoran. El proyecto de ley también pretende incluir los activos digitales (es decir, criptomonedas, NFTs, y similares) en la Sección 6050I(d) del IRC.
A primera vista, esto probablemente no suene muy intimidante. Sin embargo, si nos fijamos en el propio IRC, la magnitud de esta enmienda queda clara: la sección en cuestión exige que cualquier transacción comercial de $10.000 dólares o más en efectivo se comunique al gobierno junto con el nombre, la dirección y el número de la seguridad social del pagador. No hacerlo en un plazo de 15 días puede dar lugar a multas e incluso a cargos por delitos graves. El proyecto de ley de infraestructuras exigiría la misma información sobre los activos digitales sin ni siquiera avisar al público.
Demostrar su trabajo
Lamentablemente, el Congreso ha justificado la decisión de insertar silenciosamente esta sección en el proyecto de ley porque el Comité Conjunto de Impuestos identificó a la industria de las criptomonedas como una fuente de ingresos fiscales. El Comité estimó que los nuevos requisitos de información podrían generar $28.000 millones de dólares en el transcurso de una década.
Esos $28.000 millones de dólares supusieron un reto cuando los senadores trataron de enmendar el proyecto de ley para eliminar la sección sobre las criptodivisas. Si se eliminaba la sección, habrían tenido que luchar por encontrar una nueva fuente con $28.000 millones de dólares.
Sin embargo, ni siquiera está claro que ese dinero exista en primer lugar. A diferencia de los mineros del blockchain, el Comité todavía tiene que mostrar su trabajo. Publicaron una tabla que resume los ingresos previstos para los próximos diez años, pero no hay ninguna justificación de las cifras. No hay ninguna indicación de lo que podría pasar con los ingresos fiscales si la industria de las criptomonedas abandona los Estados Unidos, no hay ningún rango de posibles resultados bajo diferentes circunstancias, y no hay ninguna nota que explique si este número se construye a partir de la suposición de que la industria en su conjunto es capaz de cumplir. La cifra es simplemente por decreto, o fiat.
Sin embargo, eso fue suficiente para que el Congreso incluyera la sección y la Casa Blanca la celebrara como el principal paso para «reforzar la aplicación de los impuestos» y para compensar el proyecto de ley de infraestructuras.
Un reloj en marcha
Se espera que el proyecto de la ley de infraestructuras se apruebe antes de finales de octubre, pero eso no significa que el caso esté cerrado. El Congreso no debería poder decidir el destino de toda la industria de las criptomonedas a través de una disposición de última hora deslizada en un proyecto de ley que debe ser aprobado. Como dijo la senadora Cynthia Lummis (R-WY), «Por eso se necesita un verdadero comité en proceso para considerar estos temas, en lugar de tener una redacción secreta».
