El <<Bien común>> ha sido la justificación histórica del Estado para no tener límites. La nueva política del gobierno mexicano lanzada bajo el nombre “Vive Feliz, Vive Saludable”, obliga a que las cafeterías escolares sean restringidas de vender alimentos y bebidas con sellos de advertencia con leyendas como: “exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de azúcar”.
“Toda intervención estatal es una agresión sistemática a los derechos de propiedad y, por tanto, a la libertad misma.” Hoppe, 2001, p. 67
Esta no ha sido una propuesta aislada, tiene sus antecedentes desde el año 2010, pero retomó mucha más fuerza en pleno 2025.
Lo que se prohíbe no es el azúcar, sino la elección
De acuerdo con la ENSANUT 2023 (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2023), uno de cada tres niños mexicanos entre 5 y 11 años presenta obesidad o sobrepeso. Para 2035 la tendencia podría llegar hasta 56% de esa población (Instituto Nacional de Salud Pública, 2023).
La nueva ley es básicamente una extensión de las políticas impulsadas en diferentes estados como Tabasco, Oaxaca y Chiapas, donde se impusieron sanciones a directivos, docentes y vendedores escolares por permitir la venta de productos considerados “chatarra”.
Este tipo de conclusiones que aparentemente son “benefactoras”, son peligrosas al mismo tiempo y Hans Hermann Hoppe tendría algo que decir al respecto:
“Toda intervención estatal implica una transferencia forzada de la propiedad y voluntad hacia un aparato que nunca rinde cuenta ni aprende del error” Hoppe, 2001, p. 70
Las preguntas forzadas serían:
- ¿Quién decide qué es “comida chatarra”?
- ¿Por qué parece que hay sesgos donde no se considera la capacidad adquisitiva de las personas?
- ¿Por qué fuerzan a las personas a tomar decisiones que están en contra de sus posibilidades?
El Estado como padre sustituto: la peligrosa ilusión actual
En el debate público hay una pregunta que parece evitarse cuidadosamente: ¿Qué lugar ocupan los padres en esta política? La nueva reforma etiqueta a los padres (sin expresarlo de manera tácita) como incompetentes implícitos.
En este sentido, Rothbard mencionó en For a New Liberty:
“El papel del Estado no es protegernos de nosotros mismos. Una sociedad libre implica riesgos, pero también dignidad. Cuando un burócrata decide por ti, ya no eres libre: eres un paciente del Leviatán” Rothbard, 1973, p. 32.
La política alimentaria actual en México trata a los padres como menores de edad. Y a los niños, como propiedad estatal en desarrollo.
El enfoque de esta política va más allá de solo dulces, sodas o frituras con ingredientes añadidos, ya que, cuando el estado tiene la posibilidad de entrar en una lonchera escolar de un infante, puede regular cualquier aspecto de la vida de las personas bajo el argumento de la salud pública.
Sin embargo, existe una ambigüedad en esta ley, en la que no se considera que la cultura mexicana contiene muchos alimentos como los tamales, tacos, fritangas, etc., que forman parte de la base de alimentación mexicana por su bajo costo, en los que no existe alguna reglamentación que explique cuantas calorías tiene un tamal verde de pollo y si este pudiese o no ser vendido en las escuelas.
Incluso, al intentar hacerlo, se provocarían más regulaciones al momento de buscar “garantías de cumplimiento” en la producción o en los ingredientes de dichos alimentos que forman parte de la cocina mexicana tradicional, lo que llevaría a regular básicamente cualquier tipo de alimento dentro o fuera de cualquier lugar o institución.
Michael Oakeshott explicaría en su célebre crítica al racionalismo político:
“El racionalista no cree en la experiencia ni en la tradición. Creen en planes, en esquemas, en reglas generales impuestas desde arriba. Para él, cada error es un fallo de diseño. no un rasgo humano” Oakeshott, 1962, p. 6.
Los burócratas estatales no pueden distinguir entre un dulce artesanal y una barrita industrial. Para el agente estatal, todo lo que viene etiquetado o empacado por una empresa multinacional, es sospechoso y sujeto al escrutinio estatal, si los criterios eliminaran su sesgo cultural, la comida tradicional también se vería afectada.
Ignorancia nutricional institucionalizada
Lo inquietante no es el enfoque autoritario, sino su base conceptual: una completa ignorancia sobre macronutrientes y micronutrientes. Para los legisladores, la nutrición se reduce a calorías y azúcar, como si el cuerpo humano funcionara como un tanque de gasolina y no como un sistema biológico interdependiente.
Nadie explica, por ejemplo, que los carbohidratos simples no son lo mismo que los complejos, que existen grasas esenciales necesarias para el desarrollo cerebral, o que el exceso de edulcorantes artificiales puede afectar la microbiota intestinal, especialmente en etapas de crecimiento.
¿Dónde está la distinción entre alimentos funcionales y ultra procesados? ¿Quién en el Congreso ha leído un estudio clínico sobre la absorción diferencial de micronutrientes en etapas escolares? ¿Qué legislador puede explicar la relación entre niveles de zinc y atención cognitiva, o entre omega-3 y desarrollo neurológico?
La respuesta es simple: nadie. Porque no se busca entender, se busca controlar.
Como bien señalaba Hans-Hermann Hoppe:
“El Estado no produce conocimiento, lo suprime. No compite en la búsqueda de la verdad, la aplasta mediante monopolio.” Hoppe, 2001, p. 112
La demonización del azúcar se ha vuelto un tema de relevancia en los últimos años. Pero no se explica en qué contexto es dañina, ni que el problema no es su existencia sino su exceso sin regulación fisiológica. En deportistas escolares, por ejemplo, la presencia de azúcares naturales o refinados cumple una función energética crucial, pero eso no cabe en la etiqueta negra de “alto en calorías”.
En lugar de analizar casos, metabolismos, hábitos de vida o diferencias entre infantes activos y sedentarios, el Estado decide que un algoritmo nutricional puede sustituir al criterio. Así, el azúcar no se explica, se criminaliza, por lo que los menores no aprenden a moderar, sino a esconder.
El mercado negro del recreo
Y como toda prohibición que ignora la demanda, surge el mercado negro. Escuelas que han aplicado estas leyes ya reportan ventas clandestinas entre alumnos: papas, dulces y sodas. Lo prohibido no desaparece, simplemente se esconde. Y al esconderse, pierde toda forma de regulación, trazabilidad o cuidado.
La lógica económica es ineludible: donde hay demanda, hay oferta. Y la regulación estatal, lejos de eliminar hábitos, simplemente los vuelve incontrolables.
Es el principio de Rothbard hecho ley viviente:
“Toda intervención crea distorsiones que luego se usan como excusa para nuevas intervenciones.” Rothbard, 1973, p. 89
¿Educación o domesticación?
Uno de los argumentos más repetitivos es que la política “educa” a los niños, pero la educación no es obediencia, la virtud no puede crecer en el cumplimiento forzado, sino en el juicio individual.
Un niño que solo conoce las prohibiciones no desarrolla voluntad, sino resentimiento. Un ciudadano que nunca eligió, nunca entenderá la responsabilidad de su elección.
Como mencionó Hoppe:
“La única educación auténtica es aquella que emerge en el marco de la libertad y la responsabilidad personal. Todo lo demás es ingeniería social.” Hoppe, 2001, p. 143
Prohibir una soda o frituras no educa. Enseñar sus efectos, debatirlos y permitir que las familias y el niño decidan, sí.
Libertad también en el lunch
La libertad no comienza con el voto ni con la elección de carrera universitaria. Comienza con las decisiones pequeñas: qué leer, cómo vestirse, qué comer. Si el Estado se entromete incluso en eso, ¿qué espacio quedará para el ejercicio autónomo del juicio moral?
El lunch escolar debería ser el espacio más libre del sistema escolar (y vaya que dicho sistema está controlado por el Estado). Un campo donde se aprenda, entre otras cosas, a elegir lo que uno quiere y aceptar sus consecuencias. Incluso si eso implica equivocarse. Porque sin error, no hay libertad.
Y sin libertad, ni el mejor nutriólogo del mundo podrá enseñarnos a vivir bien.
* Jorge Alberto Ruiz Meza es asociado de proyectos de la Sociedad Tomás de Mercado. Anteriormente ha participado con diferentes organizaciones liberales (CATO, Instituto Acton, Caminos de la Libertad, FPP y FEE). También cuenta con un Master en Gestión Pública por el Instituto Tecnológico Latinoamericano y estudió Economía y Finanzas en la Universidad del Valle de México. Actualmente es Research Fellow de la Fundación Internacional Bases.
Fuente: Fundación Internacional Bases
