México quiere que sus ciudadanos fumen menos. El objetivo difícilmente puede resultar controvertido, pero lo que no podemos negar es que sí son mucho más discutibles los instrumentos elegidos para conseguirlo y, sobre todo, los incentivos que generan.
Desde 2026 México combina dos políticas particularmente relevantes. La reforma a la Ley General de Salud publicada el 15 de enero prohíbe la adquisición con fines de comercialización, producción, importación, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, aunque exceptúa la posesión y el consumo cuando no tengan fines comerciales. Paralelamente, la reforma del IEPS (impuesto especial sobre productos y servicios) elevó de 160 a 200% la tasa aplicable a cigarros y estableció una cuota específica de 0.8516 pesos por cigarro para 2026, que aumentará gradualmente hasta alcanzar 1.1584 pesos a partir de 2030.
La intención parece relativamente clara, es decir, encarecer el cigarro y restringir productos alternativos debería reducir el consumo. El problema es que los consumidores no permanecen inmóviles cuando cambian las reglas. Algunos dejarán de fumar; otros consumirán menos, buscarán sustitutos o recurrirán a canales informales. Los empresarios tampoco se quedarán quietos: tendrán incentivos para desarrollar alternativas capaces de satisfacer una demanda que la legislación puede modificar, pero difícilmente hacer desaparecer por decreto.
El problema, por tanto, va más allá de decidir si los vapeadores deben permitirse o prohibirse. México está intentando regular un mercado cuyos participantes continúan adaptándose mientras cambian las reglas.
La combustión y la reducción de daño
Conviene comenzar evitando dos extremos. Vapeadores, calentadores de tabaco y demás productos de nicotina no son inocuos. Pero tampoco son tecnológicamente idénticos al cigarro combustible.
El cigarro quema tabaco; los productos de tabaco calentado, por otro lado, buscan calentarlo sin reproducir la misma combustión; los cigarrillos electrónicos calientan un líquido, mientras que las bolsas de nicotina eliminan tanto la combustión como la inhalación. Buena parte de la innovación está intentando separar dos cosas que durante décadas estuvieron inevitablemente unidas: consumo de nicotina y combustión.
Eso no convierte las alternativas en saludables. La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene una posición precautoria y ha advertido sobre los riesgos asociados con cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina y productos de tabaco calentado. En 2025 reiteró además su preocupación por la expansión de nuevos productos de nicotina, particularmente entre jóvenes.
Pero riesgo no significa necesariamente riesgo equivalente.
Reino Unido, por ejemplo, ha decidido reconocer esa diferencia. Su política sanitaria sostiene que vapear es menos dañino que continuar fumando y que puede ayudar a fumadores adultos a abandonar el cigarro. Al mismo tiempo, recomienda que quienes no fuman —especialmente los menores— no comiencen a hacerlo.
La evidencia sobre cesación tampoco puede ignorarse. Una revisión Cochrane actualizada en 2025 reunió 104 estudios con 30,366 adultos fumadores. Encontró que las personas que utilizan cigarrillos electrónicos con nicotina tienen mayores probabilidades de abandonar el cigarro que quienes utilizan terapias tradicionales de reemplazo de nicotina.
La discusión no debería ser, entonces, si estos productos son inocuos. No lo son. La pregunta es otra: ¿tiene sentido que una política sanitaria ignore las diferencias de riesgo entre las alternativas disponibles?
Reconocer esas diferencias tampoco significa ignorar el problema de la iniciación. Una política de reducción de daños debe considerar simultáneamente dos efectos: la sustitución de cigarrillos combustibles entre quienes ya fuman y la posibilidad de que productos alternativos atraigan a personas que antes no consumían nicotina, particularmente jóvenes.
El desafío regulatorio no consiste, por tanto, en maximizar indiscriminadamente el acceso a las alternativas, sino en favorecer la sustitución entre fumadores sin convertirlas en una puerta de entrada para nuevos consumidores.
Cuando cambia el precio, cambia el mercado
El aumento del IEPS permite observar el mismo problema desde otro ángulo. Los impuestos especiales pretenden encarecer el cigarro y desincentivar su consumo. Pero modificar un precio nunca produce una sola respuesta. También altera el atractivo relativo de todo aquello que puede sustituir al producto gravado.
Ante cigarrillos más caros, una persona puede dejar de fumar, consumir menos, cambiar de producto o buscar mercados informales. Friedrich Hayek explicó hace décadas por qué resulta imposible anticipar completamente esas respuestas: el conocimiento relevante está disperso entre individuos que poseen información particular sobre sus preferencias, circunstancias y alternativas.
La autoridad puede conocer estadísticas de tabaquismo y estimar elasticidades. Lo que no puede conocer de antemano es qué sustituto aceptará cada consumidor ni qué tecnología descubrirá mañana un empresario.
Y esos cambios de precios no afectan solamente al consumidor. También crean oportunidades. Es aquí donde la idea de descubrimiento empresarial de Israel Kirzner resulta especialmente útil: cada restricción altera lo que vale la pena producir, importar o desarrollar. Un cigarro más caro puede generar incentivos para encontrar sustitutos; una prohibición sobre vapeadores modifica cuáles pueden ofrecerse legalmente y llevar al consumidor a mecanismos alternativos a los del mercado.
La intervención, por tanto, no detiene necesariamente el proceso empresarial. Cambia el terreno sobre el cual ocurre y la dinámica del mercado se plantea.
Japón en este sentido, ofrece un ejemplo especialmente interesante. Entre 2011 y 2023, las ventas totales de cigarrillos cayeron 52.7%, mientras los productos de tabaco calentado transformaban el mercado. La investigación sobre el periodo encontró además que la caída de las ventas de cigarros se aceleró después de la introducción de estas tecnologías.
Sería precipitado atribuir toda esa reducción al tabaco calentado, y todavía es pronto para determinar cuál será su impacto sanitario a largo plazo. Pero el fenómeno permite observar algo más inmediato: una innovación suficientemente atractiva puede modificar rápidamente las decisiones del consumidor y desplazar parcialmente una tecnología que hasta entonces dominaba el mercado.
Cuando las reglas cambian, el intercambio se adapta
Pero la innovación tecnológica es apenas una de las posibles respuestas. La otra ocurre en las propias instituciones.
Para el premio nobel de economía Douglass North, las instituciones son las reglas del juego que estructuran las interacciones humanas. Algunas de estas instituciones son formales —leyes y reglamentos— y otras son informales. Una prohibición puede modificar inmediatamente las primeras. No necesariamente elimina los incentivos que originan el intercambio.
Si después de prohibir la comercialización de vapeadores persiste su demanda, algunos consumidores pueden recurrir a vendedores particulares, importaciones informales o redes digitales. El intercambio no necesariamente desaparece: puede desplazarse hacia instituciones informales o mercados alternos.
La diferencia importa especialmente desde la perspectiva sanitaria. Un mercado formal puede estar sujeto a requisitos de composición, etiquetado, edad mínima, trazabilidad y calidad. En un mercado clandestino esos controles son mucho más difíciles de establecer y verificar.
Una medida diseñada para incrementar el control puede terminar desplazando parte del intercambio hacia espacios sobre los cuales la autoridad posee menos información y capacidad efectiva de supervisión.
Samuel Edward Konkin III llevó esta intuición bastante más lejos. Desde la tradición agorista que denominó counter-economics a los intercambios realizados fuera de los canales autorizados por el Estado. No hace falta compartir su proyecto político para reconocer el mecanismo económico que describe: cuando una prohibición no elimina la oferta ni la demanda, parte del intercambio puede desplazarse hacia canales informales o clandestinos.
North y Konkin llegan al problema desde lugares muy distintos. North permite explicar el mecanismo institucional: las reglas formales interactúan con incentivos y prácticas informales que no desaparecen automáticamente con un cambio legal. Konkin lleva ese razonamiento hacia un escenario más radical, en el que una actividad expulsada de los canales autorizados continúa desarrollándose deliberadamente fuera de ellos.
Ambos permiten observar algo que una regulación centrada exclusivamente en la norma puede pasar por alto, es decir, que cambiar las reglas del intercambio no significa necesariamente eliminar los incentivos para intercambiar.
La alternativa de las tres A
Otros países han preferido experimentar con una estrategia diferente.
Desde Somos Innovación (SI) se ha sintetizado el caso sueco mediante una idea sencilla: para que una alternativa pueda desplazar al cigarro debe ser accesible, aceptable y asequible —Accessible, Acceptable and Affordable: las “Triple A”.
Suecia es un caso difícil de ignorar. La Agencia de Salud Pública sueca reportó que en 2024 solamente 5.4% de la población de 16 a 84 años fumaba diariamente; en 2006 la proporción rondaba 14%. Al mismo tiempo, 5% utilizaba diariamente bolsas de nicotina. Eurostat, utilizando una medición diferente, situó también a Suecia en 2023 como el país con menor proporción de fumadores de la Unión Europea, con 8%, frente a 24% para el conjunto de la UE.
Sería demasiado fácil atribuir todo el resultado a los productos alternativos. Suecia combina innovación con impuestos, restricciones publicitarias, límites de edad, espacios libres de humo y décadas de políticas preventivas. Pero justamente ahí está lo interesante: reducción de daño y control sanitario no tienen por qué ser estrategias incompatibles.
Las Triple A introducen además una cuestión económica básica que a veces desaparece de la discusión sanitaria. Una alternativa puede ser tecnológicamente superior y aun así fracasar si resulta demasiado cara, difícil de adquirir o simplemente poco atractiva. Para desplazar al cigarro tiene que competir por consumidores reales, no hipotéticos.
La experiencia internacional no ofrece una receta única, pero sí una razón para cuestionar que prohibir sea siempre la respuesta más efectiva. Reino Unido ha incorporado el vapeo dentro de su estrategia de cesación para fumadores adultos; Suecia muestra una convivencia entre fuertes políticas de control y alternativas sin combustión; Japón permite observar la sustitución acelerada del cigarro por nuevas tecnologías. Y, desde mayo de 2026, Argentina ofrece un experimento mucho más cercano: reemplazar una prohibición que no había eliminado el consumo por regulación, registro y trazabilidad.
México no necesita copiar ninguno de estos modelos, pero sí debería permitirse aprender de ellos.
México y Argentina: dos caminos
El contraste más oportuno está mucho más cerca.
Mientras México endureció su prohibición, Argentina tomó en mayo de 2026 una dirección diferente. La Resolución 549/2026 sustituyó el régimen anterior por un marco de registro, comercialización y fiscalización aplicable a cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado, bolsas de nicotina y otras categorías comprendidas por la norma.
La propia explicación del gobierno argentino resulta significativa, debido a que la prohibición previa no había logrado impedir efectivamente el acceso ni el consumo. El nuevo régimen creó un registro de productos y estableció requisitos sobre composición, calidad, comercialización y trazabilidad.
Tenemos así dos respuestas latinoamericanas prácticamente simultáneas al mismo fenómeno. México apuesta por cerrar el mercado formal; Argentina intenta incorporarlo a un sistema de regulación, control y trazabilidad.
Todavía es demasiado pronto para declarar un ganador. Y quizá por eso la comparación sea tan valiosa. Los próximos años permitirán observar qué ocurre con el consumo, la sustitución, los mercados informales y la capacidad efectiva de supervisión bajo dos estructuras regulatorias diferentes.
Regular un mercado que no permanece quieto
Nada de lo anterior obliga a elegir entre prohibición absoluta y ausencia de regulación. Las preocupaciones sobre menores, adicción y efectos sanitarios todavía inciertos son legítimas. La cuestión es qué instituciones consiguen orientar mejor la sustitución hacia productos de menor riesgo sin incentivar nuevos consumidores.
México puede aumentar impuestos y prohibir la comercialización de vapeadores, pero eso no necesariamente elimina el problema. Lo que difícilmente puede decretar es cómo responderán millones de individuos. La cuestión no consiste en elegir entre salud e innovación, sino en diseñar un marco institucional en el que innovar para reducir el daño resulte más atractivo que comerciar en la clandestinidad.
Si el objetivo de la política sanitaria es reducir enfermedad y mortalidad, la regulación debería preguntarse cómo conseguir que las alternativas de menor riesgo compitan cada vez más eficazmente contra la combustión, sin incentivar el consumo entre quienes antes no utilizaban nicotina.
Prohibir puede modificar las reglas del mercado; no elimina el conocimiento, los incentivos ni la capacidad empresarial para adaptarse a ellas. El verdadero desafío institucional consiste en conseguir que esa adaptación ocurra mediante productos regulados, trazables y de menor riesgo, y no mediante mercados clandestinos que devuelvan al consumidor precisamente aquello que la regulación pretende evitar.
* Jorge Alberto Ruiz Meza es politólogo, economista, investigador y ensayista mexicano. Maestro en Gestión Pública, y actualmente estudia la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Es investigador asociado de la Fundación Internacional Bases y del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP). Sus intereses se encuentran en la economía política, la evolución institucional y el pensamiento liberal, temas que aborda tanto desde el análisis de problemas contemporáneos como desde la divulgación. Ha publicado en Fundación Internacional Bases, CEES, IEEP, El Insubordinado y Al Poniente. También escribe La Meza de Jorge en Substack, su espacio personal de ensayo y divulgación sobre política, economía e instituciones.
Fuente: Fundacion Internacional Bases
